Según afirmó hoy en rueda de prensa el vicepresidente del P, Mariano Rajoy, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una interpelación urgente al Gobierno para debatir en un Pleno del Congreso el próximo miércoles la aplicación del nuevo impuesto y su posible aplazamiento.

Rajoy aseguró que el objetivo de su partido es lograr el apoyo del resto de los partidos con representación parlamentaria para que apoyen el aplazamiento del nuevo impuesto.

"Lo que pediremos en el debate", explicó, "es que se mantengan los impuestos a los que pretende sustituir e IAE, las licencias fiscales y el impuesto de radicación, aumentando sólo la presión fiscal en 1992 un 5 ó un 7 por ciento".

Indicó que esta recomendación ha sido cursada ya a todos los ayuntamientos en los que el PP gobierna con mayoría, y señaló que los coeficientes que ya han fijado algunas corporaciones se debe al deseo natural de las haciendas locales de no perder capacidad presupuestaria.

Respecto al criterio de corresponsabilidad fiscal que reclama el Ejecutivo para los ayuntamientos, Rajo señaló que "el PP está de acuerdo con este principio, siempre que se reduzca paralelamente la presión fiscal del Estado".

A su juicio, "lo que no se puede hacer es aumentar un punto los impuestos indirectos, y por tanto la presión fiscal del Gobierno central, y luego decirle los ayuntamientos que si quieren más dinero deben elevar más aún esa presión y pedírselo a los ciudadanos".

El vicepresidente popular, reconoció, no obstante, que las posibilidades de su grupo de lograr una supresión del impesto son escasas, y se mostró convencido de que sólo una derrota del PSOE en las próximas elecciones haría posible la derogación de esta normativa.

También descartó una recomendación del PP a los ciudadanos sujetos al nuevo impuesto para que presenten recursos por su aplicación, por entender que sólo perjudicarían a los ayuntamientos, que se verían colapsados y sin los recursos financieros que necesitan para atender a sus presupuestos.