En la misma iniciativa, el portavoz del PP, Antonio Beteta, exige al Ejecutivo central que "establezca como criterio de distribución de fondos, en la conferencia sectorial para asuntos laborales, el montante global de las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas radicadas en cada Comunidad Autónoma y de los trabajadores que prestan sus servicios en la misma."

El diputado popular señala que la Comunidad de Madrid "ha visto perjudicados sus intereses ante la importante reducción de los recursos destinados a la formación continua de sus trabajadores".

Señaló que, en el último año en que se publicó la memoria FORCEM, se impartió formación continua en la Comunidad de Madrid por valor de 348.832.000 euros.

"Con el nuevo criterio de distribución (número de trabajadores ocupados de la Encuesta de Población Activa, descontados los empleados del sector público), se ha aprobado para la Comunidad de Madrid, en el año 2005, un montante total de 20,4 millones de euros en formación continua, vía contratos programa, lo que supone el 14,73% del total nacional", manifiesta el PP.

A su juicio, esta cifra, "unida a los fondos gestionados por el propio Ministerio y a la desgravación directa de las cuotas a la Seguridad Social que realizan las empresas, no va a alcanzar el 40% de la realizada en el año 2.001".

Explicó que este modelo "perjudica seriamente los intereses de la Comunidad de Madrid, ya que "no refleja el criterio de actividad que se desarrolla en la Comunidad de Madrid ya que desconoce las consecuencias derivadas de las especiales características de la Encuesta de Población Activa, que atribuye los trabajadores a su lugar de residencia y no al lugar en el que desarrollan su actividad profesional".

Reiteró que "este criterio penaliza a la Comunidad de Madrid que, como capital de la nación, alberga las dependencias administrativas del Estado y en consecuencia existe un mayor número de empleados del sector público y no tiene en cuenta el mayor nivel de formación demandado por las empresas madrileñas a sus trabajadores como consecuencia del mayor grado de competitividad exigido por la actividad económica de la región".

Beteta expone en la iniciativa que el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 incluyó como "objetivo estratégico el aprendizaje permanente como medida para conseguir una economía europea más dinámica y competitiva, capaz de crecer de manera sostenible con más y mejores empleos y mayor cohesión social".

En el escrito se manifiesta que Madrid reúne más de 430.000 empresas que representan en torno al 15% del total nacional y que "el peso de nuestras empresas, sobre el conjunto de la nación, crece sensiblemente conforme aumenta su tamaño: el 13% para empresas de hasta 5 trabajadores, el 30% para las medianas, y el 29% para las grandes.

"La Comunidad de Madrid alberga la capital del Estado, lo que hace de ella el natural centro financiero y de negocios que acoge a un importante número de cabeceras de empresas de ámbito internacional. Como consecuencia de ello, la inversión de las empresas madrileñas en investigación y desarrollo se sitúa en el 1,81% del PIB, superior al 1,1% del conjunto nacional".

"Esta realidad refuerza también la necesidad de dotar a los trabajadores de una mayor capacitación y especialización para la realización de sus cometidos", se recoge en esta proposición no de ley.