Así se recoge en una proposición no de ley que ha registrado en el Congreso con el objetivo de poner en marcha medidas que “permitan sensibilizar a los ciudadanos de los obstáculos a los que se enfrentan diariamente estas familias”.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso Servimedia, recuerda que, cuando una familia cuenta entre sus miembros con un menor o joven con discapacidad, tiene ante sí “un reto mayor”.

De hecho, señala que estos hogares invierten una media de 6.000 euros anuales en terapias y tratamientos específicos para mejorar el desarrollo y calidad de vida de su hijo con discapacidad. Un importe que se “acostumbra a ser mucho mayor” en el caso de discapacidades intelectuales, ya se sitúa en una media de 24.237 euros anuales, según un informe de Plena Inclusión.

Con estas cifras sobre la mesa y “a pesar de las mejoras introducidas en la salud, en el acceso a la información y la democratización del saber”, el PP denuncia que la juventud con discapacidad soporta “graves carencias y omisiones” que afectan a su desarrollo integral.

En este sentido, el texto denuncia que ven limitados “derechos tan básicos” como la igualdad de acceso a la educación, al empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la vida social y política, la toma de decisiones, la tutela efectiva, la información, la familia, la vivienda, el deporte y la cultura en general.

“PLENA PARTICIPACIÓN“

Por ello, precisan de “políticas públicas vigorosas, eficaces y eficientes para garantizar su igualdad de oportunidades y eliminar o atenuar las desventajas objetivas que puedan impedir o dificultar su plena participación en la comunidad”. Y con esa vocación nace la iniciativa del PP, que buscará el apoyo de otros grupos parlamentarios para que el Congreso impulse “las medidas precisas para actuar sobre el necesario y especial reconocimiento que merecen” estas familias.

Asimismo, la iniciativa reclama al Ejecutivo que desarrolle medidas dirigidas específicamente a familias con un menor o joven con discapacidad “a nivel económico, psicológico y social que contribuyan a mejorar la vida de estas”; e implementar las iniciativas necesarias que “eliminen las barreras que los jóvenes con discapacidad tienen para acceder al mundo laboral”.

Por último, busca que desde el Estado se promuevan políticas que fomenten la formación en competencias digitales y facilitar que los menores y jóvenes con discapacidad puedan acceder al ocio, a la cultura y actividades de tiempo libre “en igualdad de condiciones”.