La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, afirmó en rueda de prensa que hace falta ese dinero (que sumaría más 2.500 millones de euros) para que el colectivo de personas dependientes pueda recibir los servicios necesarios.

Además, exigió al Ejecutivo que aclare cuáles van a ser las prestaciones que recibirán las personas dependientes, así como cuál será la administración que aporte la dotación económica a la ley.

La dirigente popular explicó que en algunas comunidades autónomas ya se están atendiendo necesidades que deberían estar incluidas en la ley, por lo que reivindicó que la futura norma estatal sirva para equiparar los servicios en todas las comunidades.

Pastor planteó numerosas "preguntas sin respuesta" que deberían aclararse en la ley, como las personas que serán beneficiarias. En su opinión, en España hay más de tres millones de personas dependientes mientras que desde el Gobierno se habla de cerca de millón y medio.

En este sentido, expresó su preocupación por que los discapacitados psíquicos pudieran quedar excluidos de la futura ley e hizo un llamamiento para que se tenga en cuenta a todas las asociaciones de discapacitados.

Finalmente, Pastor instó al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, a negociar la futura Ley de Dependencia y aceptar las mejoras que plantee el principal partido de la oposición.

Denunció que durante los meses en los que se ha estado preparando el anteproyecto de ley no ha habido ningún contacto con el Partido Popular y advirtió al ministro de que, tarde o temprano, "tendrá que llamar y escuchar alguna de nuestras propuestas".