La moción obtuvo 87 votos a favor y 141 en contra. El Partido Popular, único partido que se opuso a la iniciativa, alega que se trata de una cuestión sujeta a estudio en toda Europa y que está pendiente de regulación mediante directiva comunitaria.

El portavoz adjunto del PSOE en el Senado, Francisco Arnau,consideró que, ante quienes piden que la privacidad de los correos electrónicos proporcionados por las empresas a sus trabajadores sea objeto de autorregulación entre las partes, los socialistas "creemos que ha de estar contemplado en la legalidad", a través de un proyecto de ley que reforme el Estatuto de los Trabajadores.

Arnau indicó que ha habido sentencias contradictorias respecto a este asunto y que con una regulación legal se evitarían muchos litigios. A su juicio, "el ciberespacio no debe ser ratado de forma distinta a otros medios de comunicación" y también aquí se deben preservar los derechos constitucionales del derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones.

La moción rechazada también aprovechaba para solicitar al Gobierno que regule la dotación de validez y eficacia jurídicas a las comunicaciones entre empresarios y trabajadores y entre sus representantes realizadas mediante correo electrónico, "determinando las condiciones necesarias a fin de garantizar la autorí y recepción real de los mensajes".