La proposición utoriza a realizar estas obras siempre que no menoscaben la resistencia de los materiales empleados en la construcción y respeten las características arquitectónicas e históricas del edificio.

El PP defiende que puedan acogerse a este derecho todas aquellas personas "que padezcan una minusvalía que implique disminución permanente para andar, subir escaleras y salvar barreras arquitectónicas, se precise o no el uso de prótesis o de sillas de ruedas".

La proposición establece que en plazo máximo detreinta días, la comunidad de propietarios deberá comunicar al solicitante de las obras su consentimiento o su oposición razonada a la ejecución de las obras. Si transcurrido ese plazo no responden, se entenderá consentida la ejecución de las obras.