El PP solicitaba la convocatoria de un pleno extraordinario en el que se debatiera su petición, pero todos los demás grupos argumentaron su voto en contra.

El portavoz del PP, Vicente Martínez-Pujalte, subrayó que el propio PSOE atribuye al Gobierno "la puesta en marcha de la maquinaria" de la intervención, que se materializó "con un despliegue espectacular de efectivos policiales" y que fue anunciada por el secretario de Estado de Comunicación.

Argumentó, por ello, que el Congreso es competente para depurar responsabilidades políticas por una intervención "partidista" que no parte de organismos judiciales, sino gubernamentales.

Este argumento fue rechazado por los demás grupos, especialmente por el PSOE. Su portavoz, Francisco Fernández Marugán, insistió en que ha sido el Poder Judicial el que ha tomado la decisión de intervenir ambas empresas y, por tanto, el control parlamentario es "difícilmente admisible".

Acusó por ello al portavoz del PP de "faltar a la verdad" en este punto y calificó la intervención de Martínez-Pujalte de "cierta astracanada parlamentaria o acto de cinismo político".

Martínez-Pujalte esgrimió también la situación de los afectados para reclamar la inminente creación de una comisión de investigación.

Denunció que hasta el día de la intervención los inversores estaban percibiendo las correspondientes retribuciones, y desde ese día ya no han recibido nada. Todo ello obliga, aseguró, a que se determinen responsabilidades políticas "derivadas de la actuación del Gobierno".

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, se mostró contrario "a la acusación velada o directa" de que ha sido el Gobierno quien ha desasistido a los inversores.

En su opinión, lo necesario es tomar medidas de ayuda para los afectados, y ese no es el objetivo de una comisión de investigación. Sí lo es, subrayó, de una moción aprobada ya por el Congreso con la abstención del PP.

También Joan Puig, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), compartió que lo urgente ahora es que los inversores recuperen su patrimonio y esclarecer responsabilidades de las empresas. No es, concluyó, momento de crear una comisión de investigación parlamentaria.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, juzgó "precoz" la petición del PP, porque, incluso en el caso de que fuera conveniente emprender una investigación en el Congreso, debería ser más adelante, cuando los interventores judiciales avancen más su tarea.

En nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera exprsó también su voto contrario a la petición del PP, pero urgió al Gobierno a regular de forma rigurosa este tipo de inversiones.