La propuesta de resolución, posterior al debate sobre el Estado de la Nación, se votó después de un tenso debate en el que el líder del PP, Mariano Rajoy, anunció la ruptura de toda relación con el Gobierno mientras se mantenga la "ignominia" de los contactos entre los socialistas vascos y Batasuna.

El PP había sido el único partido en incluir el terrorismo en sus propuestas de resolución, y en ella decía que "el cese definitivo de cualquier actividad delictiva y la desaparición de la banda terrorista ETA deben ser condiciones necesaria y previa a cualquier otra iniciativa".

Añadía que Batasuna "es una organización ilegal y terrorista" con la que no cabe iniciar ningún diálogo político ni constituir mesa alguna "para dar respuesta política a las exigencias de los terroristas".

Incluían también en el texto una mención expresa a que "no se puede pagar ningún precio político por el cese de la actividad terrorista" y a que el derecho de autodeterminación "no tiene cabida en nuestro derecho constitucional".

Ese derecho, argumentaba, "fue explícitamente rechazado en el debate constituyente y carece de cualquier apoyo en el marco jurídico internacional y en las declaraciones internacionales, que limitan estrictamente la eventualidad de su ejercicio a la cancelación de situaciones de inequívoco carácter colonial".

Añadía el PP que el Estado de Derecho "no puede estar en tregua, y al Poder Judicial, al Ministerio Fiscal y a los cuerpos y fuerzas de seguridad corresponde hacer valer la plena vigencia del mismo".

Cualquier política relativa a Navarra, decía también la propuesta del PP, debe basarse en dos principios, el primero de los cuales es que la alteración de su estatus "sólo puede hacerse respetando la libre decisión del pueblo navarro y de sus instiutuciones representativas, de acuerdo con la Constitución y el amejoramiento del Fuero".

El segundo principio es que la colaboración entre el País Vasco y Navarra "no podrá utilizarse para establecer un sistema de coordinación universal de sus respectivas facultades autonómicas mediante la creación de órganos de naturaleza confederal ni de instituciones similares a las que se atribuyan facultades de representación política y poder de decisión sobre ambas comunidades".

En este sentido, el PP recordaba expresamente la vigencia del artículo 145.1 de la Constitución, "que prohíbe cualquier federación entre comunidades autónomas".

El PP concluía con un reconocimiento a las víctimas del terrorismo, "que son quienes más directamente han sufrido las consecuencias del fanatismo terrorista", y expresaba la necesidad de que reciban la atención de la sociedad.