El partido liderado por Mariano Rajoy pedía al Gobierno un giro en la lucha contra ETA para "derrotar" a los terroristas, proteger el Estado de Derecho como "pilar irrenunciable" de la democracia, no mirar al entorno abertzale como "interlocutor social", no permitir la "desmemoria" de las víctimas, garantizar la libertad, oponerse a los objetivos políticos de los asesinos, no emplear a las víctimas como "moneda de cambio", no situar a los terroristas "por encima" de las víctimas, evitar "cualquier tentación de impunidad" con los etarras y, sobre todo, acabar con la banda de manera que haya "vencedores y vencidos".

El Partido Socialista presentó un texto alternativo que reconocía al Gobierno la capacidad para "dirigir la política antiterrorista con el fin de lograr la desaparición definitiva de la violencia" y que reclamaba la "unidad" de todas las fuerzas democráticas contra ETA y exigía la "no utilización en la legítima confrontación política".

La diputada del Partido Popular María Eugenia Martín Mendizábal rechazó la enmienda socialista y reprochó al PSOE que no apoyase la moción cuando, según dijo, recoge "las mismas conclusiones" que la Fundación de Víctimas del Terrorismo entregó al presidente Zapatero en su reciente reunión en La Moncloa.

Martín Mendizábal, que manifestó el apoyo permanente del PP hacia las víctimas, acusó al Gobierno de hacer "añicos" el Pacto Antiterrorista y la política anti ETA que se venía desarrollando durante los últimos años.

Asimismo, sacó a relucir la manifestación que la Asociación de Víctimas del Terrorismo celebró el fin de semana en Madrid y lamentó que el presidente del Gobierno no haya llamado a los organizadores de la protesta cuando sí telefoneó recientemente al secretario general de ERC, Joan Puigcercós, después de que 150.000 personas salieran en la calle en Barcelona a favor de la reforma del estatuto.

Además, la diputada popular tachó de "sectario y manipulador" al delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, por sostener que en la manifestación de la AVT hubo 110.000 personas, mientras que la Comunidad de Madrid cifraba en 1.400.000 los asistentes.

"ESCALADA DE DESCALIFICACIONES" DEL PP

La diputada del PSOE Arantxa Mendizábal rechazó la iniciativa de los populares por ser un paso más en su "escalada de descalificaciones" contra la política antiterrorista del Gobierno y aseguró que las acusaciones de la oposición son "todo mentira".

Mendizábal aseveró que la mejor manera de ayudar a las víctimas no es con este tipo de iniciativas sino "con la atención y el apoyo, con la fuerza del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo y con la unidad de todos los demócratas para que no haya una víctima más".

Además, recalcó que "jamás se pagará un precio político" para acabar con ETA mientras siga gobernando el Partido Socialista, como tampoco dejarán de aplicarse las medidas legales establecidas en el Estado de Derecho contra los terroristas.

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamzares, calificó de "medieval" la moción del PP por negar al Gobierno la capacidad para liderar la política antiterrorista y le acusó de querer transformar "el dolor de las víctimas en rencor político".

Llamazares reprochó al PP que critique el posible inicio de un diálogo con los terroristas para poner fin a la violencia cuando el Gobierno de José María Aznar mantuvo reuniones con ETA y acercó a sus presos al País Vasco durante el alto el fuego de finales de 1998 y 1999.

ACTITUD "POCO ÉTICA"

El parlamentario de CiU Josep María Guinart acusó al PP de "tergiversar" las conclusiones del congreso de víctimas del terrorismo en una actitud "poco ética" y advirtió de que "quien siembra vientos, recoge tempestades".

Guinart pidió un "esfuerzo" al principal partido de la oposición para recuperar la unidad contra el terrorismo, a la vez que aprovechó su intervención para expresar su "apoyo moral y material" hacia el colectivo de las víctimas.

El diputado del Partido Nacionalista Vasco Emilio Olabarría rechazó la moción de los populares porque en "nada se parece" a las conclusiones aprobadas por las víctimas en su último congreso internacional.

A su juicio, se trata de un texto "demagógico" que se parece más al "decálogo" o los "diez mandamientos" del Partido Popular en la lucha contra ETA que persigue una "patrimonialización" del dolor de las víctimas.

El parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya Agustí Cerdá manifestó su apoyo a todas las víctimas del "conflicto de Euskal Herría", del cual confió que termine pronto porque "no se merece ninguna víctimas más".

Finalmente, la diputada de Eusko Alkartasuna Begoña Lasagabáster, en nombre del Grupo Mixto, criticó que la moción del PP "no tiene una sola medida dirigida a mejorar la calidad de las víctimas" cuando lo que necesitan, en su opinión, es "apoyo psicológico, apoyo para el empleo y apoyo a la vivienda".