La diputada de Eusko Alkartasuna Begoña Lasagabaster emplazó al resto de los grupos a apoyar esta iniciativa como expresión de una "voluntad política clara de resolver un problema que llevamos ya demasiado tiempo" arrastrando.

La justificó en la necesidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los detenidos, para lo que la prisión provisional debe ser una medida "excepcional, proporcional, la última ratio", y aplicarse, como ocurre actualmente, denunció, con un "automatismo total y absoluto".

Asimismo, la iniciativa de Eusko Alkartasuna pretende eliminar la incomunicación de los presos, ya que la imposibilidad de los detenidos de contactar con las familias o sus abogados genera una "opacidad" que propicia, apuntó, "casos aislados de tortura".

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar LLamazares, expresó su respaldo a esta iniciativa, porque "en lalucha antiterrorista es preciso preservar los derechos humanos",y en el caso de España la lucha contra el terrorismo supone una "pista de aterrizaje para vulneraciones particulares y esporádicas, que no nos podemos permitir".

En su opinión, "no deberíamos esperar demasiado tiempo" para hacerlo, porque es "perfectamente posible adecuar uno y otro interés: derechos fundamentales y eficacia de la lucha antiterrorista, cabe conjugar los valores con la responsabilidad".

VULNERACIÓN DE DERECHOS

Reclamó que se acorte el tiempo de la incomunicación, porque a partir de cinco días "no es eficaz en la lucha contra el terrorismo y es un riesgo excesivo de vulneración de los derechos humanos". Dijo que en España se llega a mantener esta medida incluso diez o doce días, lo que "va más allá de un trato humano y puede camuflar tratos inhumanos".

Jordi Jané, portavoz de Justicia de CiU, considera que los artículos que la iniciativa quiere suprimir "pueden dar lugar a prácticas abusivas", por lo que es oportuno reabrir un debate en la Cámara para "atajar una de las vías que posibilitan la tortura", aunque ésta requiere una "respuesta contudente", y no se evita sólo con esta reforma legal.

La portavoz de Justicia del PNV Margarita Uría reclamó que se apruebe "cuanto antes" una iniciativa enlazada directamente con los derechos fundamentales y a la presunción de inocencia; y Agustí Cerdà, de ERC, expresó su "repugnancia" ante los casos de tortura que "podrán no ser frecuentes, pero existen, y nos haríamos un flaquísimo favor si no tomamos las medidas oportunas para que estas prácticas dejen de producirse".

"NO ES EL MOMENTO"

El diputado socialista Juan Luis Rascón argumentó que "no es el momento" para "quitar al Estado de derecho instrumentos que le pueden ser útil en la lucha antiterrorista", ni de "restar protagonismo a los derechos fundamentales del conjunto de la sociedad".

Apuntó que los grupos que respaldan la supresión de estas medidas se amparan en "el uso indebido de estas facultades excepcionales, poniendo en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones, y partiendo de la sospecha de lo que hagan policía y jueces".

Opinó que la "eficacia contra el terrorismo es perfectamente conciliable con los derechos fundamentales, y esto se consigue desde el control y la prevención. "Ahí nos van a encontrar siempre al Grupo Socialista", agregó.

NO HAY TORTURA

El portavoz adjunto del PP en la Comisión de Justicia, Juan Santaella, aseguró que "desde que tenemos la Constitución, en este Estado no hay tortura, y se defienden los derechos fundamentales del detenido y del acusado", y expresó su rechazo a eliminar medidas que "gozan de buena salud" y contribuyen a acabar con el terrorismo.

Además, subrayó, son necesarias medidas "severas para luchar con éxito contra las formas criminales más graves. Si no hubiera terrorismo, bandas armadas y delitos confabulados que atenten contra la democracia, de nada de ésto tendríamos que estar hablando", subrayó.

Concluyó que la iniciativa de EA "en estos momentos no es oportuna, porque su intención cuando la presentó está claro que era otra que las circunstancias actuales en las que desde hace un mes nos encontramos", en referencia a la declaración del alto el fuego permanente de ETA, que no se había producido cuando la propuesta fue registrada.