La propuesta, que se enmarca en un proyecto más amplio para reformar la función pública, recoge un conjunto de medidas que persiguen el sometimiento del Gobierno al derecho, así como la reducción de altos cargos y de personal asesor o consultivo, iniciativas que, según los primeros cálculos de los populares, supondrían un ahorro de unos 50.000 millones de pesetas durante el primer ejercicio de su implntación.

La proposición de ley del PP aboga porque todos los actos del Ejecutivo y de la Administración estén sometidos a la revisión de los tribunales sin excepción alguna, ni siquiera los llamados "actos políticos".

En cuanto a la profesionalización de la Administración, el Grupo Popular reclama que solamente sean designados libremente los vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado, secretarios generales y los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas. Los subsecretarios, direcores generales y gobernadores serán designados entre funcionarios de carrera de nivel superior.

Dentro de la simplicación administrativa, el PP propone que sólo los miembros del Gobierno y sus delegados en las comunidades dispongan de gabinetes con personal de confianza política. Los gabinetes ministeriales estarán formados por un director con rango de director general y un máximo de siete asesores.

INCOMPATIBILIDADES

En cuanto a la limitación de altos cargos, la propuesta es que ninguno de ells pueda formar parte de los consejos de administración de empresas públicas ni de los organismos que integran la Administración institucional del Estado.

Respecto a los gastos reservados, sólo podrán disponer de estas partidas, y en los términos que resulten de los créditos presupuestarios, los ministros de Exteriores, Defensa e Interior, que deberán informar de su uso al presidente el Gobierno.

La proposición de ley del PP establece el mantenimiento de la figura del gobernador civil, pero con ladenominación de gobernador. Este será elegido por el Consejo de Ministros, y a iniciativa el delegado del Gobierno de turno, entre funcionarios de nivel superior de las distintas administraciones públicas.

El gobernador propuesto por los populares deberá cumplir idénticas funciones administrativas que el delegado del Gobierno, pero actuando en el ámbito territorial de la provincia.