EL PP PROPONE UNA MORATORIA FISCAL DE DOS AÑOS PARA LAS PYMES COMO FORMULA DE RELANZAMIENTO ECONOMICO

MADRID
SERVIMEDIA

El Partido Popular presentó hoy un plan de promoción de las pequeñas y medianas empresas que incluye, entre sus propuestas más destacadas, el aplazamiento durante dos años del pago del IRPF y del Impuesto de Sociedades para todas las que se creen a partir del 1 de junio de 1993.

Rodrigo Rato, portavoz popular del PP en el Congreso, explicó que sólo apoyano a estas empresas, que suponen el 60 por ciento del empleo, será posible reducir el paro y, al mismo tiempo, impedir la caída de los ingresos fiscales del Estado.

El plan especial del PP para las pymes, que será debatido mañana en el pleno del Congreso, se dirige a las empresas con un activo neto inferior a 200 millones de pesetas, una facturación anual por debajo de los 850 millones y menos de 50 empleados.

Sus propuestas, principalmente de carácter laboral y fiscal, incluyen el IVA cero para ls empresas con una facturación anual de menos de 5 millones de pesetas y la supresión del Impuesto de Sucesiones a la muerte del titular, siempre que los herederos mantengan la actividad.

El PP aboga también por la regularización de balances a partir del 31 de diciembre de 1993, la reducción escalonada de las cuotas de la Seguridad Social hasta igualarlas a la media comunitaria y la elevación del 5 al 10 por ciento en la deducción por inversiones en activos fijos en la cuota del impuesto que grave losrendimientos empresariales.

Otros incentivos fiscales de su plan son la deducción del 20 por ciento en las cantidades invertidas en formación profesional de los trabajadores y la elevación del 20 al 25 por cien en las deducciones que hagan las compañías para fomentar su presencia en el exterior.

Respecto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el PP sostiene que debe vincularse a los tributos estatales que graven los beneficios (normalmente el Impuesto de Sociedades), a fin de que su cuantíaesté en función de los resultados de la empresa.

En el terreno laboral, la reforma del PP implicaría la reinstauración de las bonificaciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social para los contratos en prácticas y formación, que fue suprimida con el denominado "decretazo".

A este respecto, Celia Villalobos, portavoz popular en asuntos laborales, insistió en que su partido considera urgente negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que potencie los contratos fijos y no incluya el espido libre.

Sobre la propuesta del dirigente de Convergencia, Miguel Roca, de autorizar prórrogas de los contratos temporales más allá del tope máximo de los tres años, dijo que es "un parcheo que en principio no es malo, pero no soluciona los problemas del mercado de trabajo".

También señaló que no considera necesario reducir la duración mínima de los contratos temporales de fomento del empleo, que actualmente es de un año, porque ya hay otras modalidades de contratación de vigencia menor.

N CUESTA NADA

Tanto Celia Villalobos como Rodrigo Rato y el responsable del PP en cuestiones de Hacienda, José Manuel García Margallo, se mostraron convencidos de que su plan especial para las pymes no tendría ningún coste fiscal para el Estado.

Rato señaló que "la peor medida fiscal es la recesión" porque hace quebrar las empresas y destruye empleos, lo que se traduce automáticamente en una menor recaudación tributaria. A su juicio, su reforma sólo perdona ingresos fiscales que, en otro caso, lo ás probable es que nunca llegasen a las arcas de Hacienda.

El portavoz popular calificó de "injustifica dramática" seguir manteniendo a España en su situación actual y se mostró convencido de que, sea cual sea el resultado de las elecciones, Solchaga y su equipo no continuarán al frente de la economía.

No obstante, Rato no compartió la iniciativa de Izquierda Unida de solicitar un pleno extraordinario del Congreso exclusivamente para debatir el problema del paro y dijo que esa cuestión debe tratase en el debate del Estado de la Nación, que tendrá lugar en las próximas semanas.

Rato acusó al Gobierno de haber diseñado el mercado laboral más injusto e ineficiente de la CE, ya que es el que generar más tasa de paro, más precariedad entre los trabajadores temporales y mayor grado de inmovilidad entre los fijos.

A su juicio, el nivel de contratación temporal actual, del 34 por ciento de la población asalariada, es excesivo y tiene un efecto negativo en la productividad de las empresas, al resar incentivos a las empresas para invertir en formación y a los trabajadores para lograr una mayor cualificación.

El portavoz popular advirtió que, o se adoptan medidas como las propugnadas por su partido, basadas en el respaldo a las empresas, o la economía continuará en su "pendiente de pérdida de empleo".

(SERVIMEDIA)
22 Feb 1993
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