El portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa, explicó en una rueda de prensa que la regulación de la expropiación forzosa "se remonta a una buena ley de 1954", por lo que urgió a elaborar una nueva norma que "necesitamos como el comer".

Recordó que el anterior Ejecutivo la estaba preparando, pero "con el traspaso de poderes fue a parar a manos del Gobierno y no sabemos muy bien por qué no ha puesto el más mínimo interés en sacar adelante un proyecto de estas características".

En esta legislatura, el PP y el Grupo Mixto pidieron que el Gobierno mandase a la Cámara esta nueva regulación, pero el Ejecutivo "echó el balón fuera, dijo que no estaba entre sus prioridades y aparcó la cuestión de esa manera tan española de proponer una enmienda para crear una comisión que estudie durante dos siglos" la reforma, señaló Astarloa.

El parlamentario popular se quejó de que el Ministerio de Justicia, en lugar de "sentarse, reflexionar y volver a los grandes temas", como la modernización de esta Administración, "ande enredado en toda clase de líos, generando caos y desconcierto en el mundo de la justicia".

Puso como ejemplo las leyes aprobadas con "nocturnidad y alevosía al principio de la legislatura", y otras que han sido "denostadas no sólo por el PP sino por el conjunto por no decir la totalidad de los profesionales de la justicia", como la relativa a la proximidad o los consejos del poder judicial autonómicos.

MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Por su parte, Jesús López Médel, diputado del PP encargado de defender esta iniciativa, agregó que esta proposición de ley es "completa y aborda los aspectos más relevantes" de la expropiación, ya que "responde al reto y el compromiso de modernización de las administraciones públicas y de relación entre éstas y los ciudadanos".

Además, permite reforzar las garantías de los ciudadanos cuando se debe acordar una expropiación para realizar una obra pública o de interés social; agiliza y simplifica los trámites; y reduce la burocracia en los procedimientos de determinación del "justiprecio".

Esta iniciativa restringe en gran medida la utilización del procedimiento de urgencia, que ahora se aplica en más del 95 por ciento de las expropiaciones, algo "anómalo", y lo deja para los casos más excepcionales; y fija unas pautas y criterios para la determinación de los valores para que sean homogéneas.

Por último, López Médel emplazó al resto de los grupos a permitir que el texto registrado por el PP sirva como "punto de partida para una nueva ley del siglo XXI", que tiene como principal objetivo "hacer justicia y mejorar las garantías de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración".