La secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor, planteó estas ideas durante su participación en una mesa redonda de los cursos de verano de la Fundación para el Análisis y los Estudios Socials titulada "¿Es sostenible el sistema español de pensiones?".

Como medida principal, Pastor reclamó elevar la edad de jubilación más allá de los 65 años e indicó que no son suficientes las actuales políticas incentivadoras del retraso voluntario de la jubilación hasta los 70 años.

A su juicio, que un trabajador pueda seguir trabajando de manera voluntaria hasta los 70 años "no es nada". "Es el chocolate del loro", apostilló.

Aunque fue el Gobierno del PP quien aprobó esta iniciativa en 2001, Pastor afirmó que es necesario poner en marcha "medidas de verdad" para que los cotizantes puedan seguir en activo dado que, actualmente, la mayoría de las personas están "sanas y estupendas" más allá de los 65 años.

El catedrático de Economía José Barea, que dirigió la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno durante la primera legislatura de José María Aznar, concretó mucho más y fijó en la franja de los 70 años la edad posible de jubilación.

"LA HUCHA NO LA PUEDE RELLENAR EL ESTADO SOLO"

Ana Pastor apostó por un sistema de pensiones "público, universal y suficiente" que pueda verse complementado individualmente por los ciudadanos, dado que "la hucha no la puede rellenar el Estado solo". "Tenemos que contribuir todos diciendo que paguemos más", dijo.

Recalcó que el mantenimiento del sistema de pensiones debe ser "compatible" con el mantenimiento de otros dos pilares fundamentales del Estado del bienestar, como la sanidad y la atención a las personas en situación de dependencia.

Para garantizar el futuro de las pensiones, aseguró que el Partido Popular quiere impulsar también la contratación de planes privados a cambio de los correspondientes incentivos fiscales.

La responsable de Política Social del PP propuso también otras medidas, como aumentar el empleo estable, reducir la deuda pública, aumentar el fondo de reserva de la Seguridad Social, garantizar el nivel de vida a todos los pensionistas -incluidas personas con dependencia-, y mejorar la transparencia del sistema de pensiones con más datos públicos.

Todo ello, señaló, se haría desde un "gran consenso" dentro del Pacto de Toledo, que suscribieron todas las formaciones políticas en 1995 y renovaron en 2003.

Lo que no es normal, añadió, es que desde que Rodríguez Zapatero ganó las elecciones generales en 2004 y llegó a La Moncloa este órgano de acuerdo haya estado "vacío de contenido".

EL GOBIERNO PIERDE EL TIEMPO

El ex secretario de Estado de Economía Luis de Guindos criticó que el Gobierno del Partido Socialista está "perdiendo el tiempo" para poner en marcha las reformas necesarias aprovechando que España atraviese un periodo de "bonanza económica".

De Guindos advirtió de que los problemas van a aumentar en los próximos años por la subida de los tipos de interés y el endeudamiento de las familias, por lo que reclamó la puesta en marcha de "reformas de manera gradual pero continua" para garantizar el futuro de las pensiones.

Destacó que, aunque el Gobierno del Partido Popular crease el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para garantizar el futuro de las pensiones, el sistema "no está resuelto" porque lo ahorrado hasta el momento sólo sirve para afrontar la paga de varios meses.

Al igual que Pastor, De Guindos aseguró que es necesario "complementar" el sistema de reparto público con el sistema de capitalización a través de los fondos privados que ya ofrecen entidades bancarias y aseguradoras.

Dado que en España no ha cuajado del todo esta fórmula, propuso introducirla en la negociación de los convenios colectivos para que los trabajadores puedan tratar tanto su salario actual como el complemento para su pensión de futuro.

Por su parte, el catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid José Barea apostó por equiparar el capital aportado por el trabajador durante su vida activa con lo que va a percibir una vez que se jubile.

Barea defendió el principio de "proporcionalidad" entre lo aportado y lo recibido y calificó de "injusto" que el Estado fije un techo en las pensiones para aquellos que más aportan y que las suba a quienes menos han contribuido a la Seguridad Social. "Si el gobierno quiere redistribuir, que lo haga con cargo a los impuestos, pero no al sistema de pensiones", apostilló.