La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, explicó que, con el nivel actual, los propietarios tienen “miedo” de alquilar sus inmuebles a personas con ingresos inferiores a este umbral, ya que, en el caso de que estos arrendatarios incurran en impagos, los tiempos para desalojarlos son más dilatados. El principal partido de la oposición cree así que se genera un “efecto perverso” porque salen menos viviendas al mercado de alquiler, lo que perjudica principalmente a los jóvenes, que tienen sueldos más bajos.

En concreto, la ley de vivienda del Gobierno estableció que, cuando se abra un juicio de desahucio por impago, el tribunal, “por carácter general”, deberá apreciar que el inquilino está en una situación de vulnerabilidad económica cuando sus ingresos mensuales no alcancen una cantidad equivalente a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Es decir, 1.800 euros al mes.

Martín denunció que, con esta norma estatal, los arrendadores hacen “castings” a los jóvenes y les piden “2.000 euros” para poder acceder a sus propiedades. “Resultado: menos pisos para alquilar y requisitos salariales inasumibles para la mayoría de los españoles, sobre todo para los jóvenes”, resumió en una rueda de prensa en la sede nacional del PP.

Además, expuso que, desde la puesta en marcha de la ley de vivienda, “la oferta de alquiler se ha reducido un 15% y los precios se han incrementado un 13%”. Y, al mismo tiempo, la inversión en el sector inmobiliario ha bajado “un 36%”. “Los informes ya alertaban de que intervenir el mercado tenía un efecto devastador. Lo más triste es que, detrás de estas cifras, lo que hay son millones de jóvenes que ven rotos su sueño de emancipación y de formar una familia porque no pueden acceder a una vivienda”, remató.

En esta coyuntura, el PP apuesta por reducir el umbral de inquilino vulnerable como medida para estimular la oferta del mercado de alquiler. Por el otro lado, sin embargo, la ley desprotegerá a los arrendatarios que se sitúen por encima de los 1.080 euros en caso de impagos, ya que su desahucio será más rápido.

MÁS VIVIENDAS

Al margen de esta medida, Martín detalló que la proposición de ley de desarrollo urbano y vivienda que su partido presentará en las “próximas semanas” propone reformas en cuatro leyes para “agilizar” la oferta de viviendas.

Los pilares del texto serán una reducción de los plazos de construcción; menos burocracia y trámites y administrativos; medidas para liberar suelo desde el Gobierno central, “que es uno de los mayores propietarios a través del Sepes”, como desde las comunidades y ayuntamientos; y reducir los plazos de construcción de viviendas. El objetivo final es construir 200.000 viviendas al año.

Asimismo, el PP pondrá el foco de la ley en los jóvenes y apostará por bonificar el 100% del Impuesto sobre Donaciones cuando las cantidades transferidas estén destinadas a la compra de una vivienda, así como una exención progresiva del IRPF durante los cuatro primeros años de su carrera profesional.

También recogerá la eliminación de las “fracasadas” zonas de mercado tensionado y medidas para agilizar el desahucio de las 105.000 viviendas ‘okupadas’ o ‘inquiocupadas’ en España. Para sacar la iniciativa adelante, Martín reconoció que buscarán el apoyo del PSOE y algunos de sus socios –PNV y Junts–, al tiempo que dio descontado el rechazo de Sumar, ERC, Bildu y Podemos.

CUPO CATALÁN

Por último, Martín arremetió contra la “total inacción” del Gobierno de Pedro Sánchez tras prometer 183.000 viviendas en campaña, y censuró que la preocupación del jefe del Ejecutivo esté en garantizar su continuidad en La Moncloa.

En este sentido, calculó que, con los 13.000 millones de euros que estima que costará la financiación singular de Cataluña al resto de comunidades, se podrían construir 97.774 viviendas de alquiler asequible.