El texto busca “asegurar” la rentabilidad de las explotaciones a través de una rebaja fiscal “extraordinaria y urgente”, además de un anticipo de pagos y bonificaciones. Estas medidas están motivadas en que el PP ve “en riesgo” la sostenibilidad del sector “por el constante incremento de costes de producción y las consecuencias derivadas de la invasión rusa de Ucrania”.

“Las explotaciones agrarias vienen de una situación compleja para mantener las rentas, previa a la pandemia de la covid-19, que ha perdurado. Ahora, el alza en los costes de producción (electricidad, piensos, fertilizantes, semillas, etc.), la insuficiencia en los precios percibidos y los desequilibrios entre oferta y demanda hacen insostenibles muchas explotaciones”, explicaron desde el PP.

Los populares sostienen que estos hechos, unidos a la guerra en Ucrania, la situación de alta inflación y la “prealerta” por sequía, hacen “necesario” buscar soluciones “para mantener la actividad agroganadera y garantizar el abastecimiento”, dado que Rusia y Ucrania suministran “algunos productos esenciales”, entre ellos, los cereales y el girasol.

La primera medida que propone el PP es la aplicación de un fondo extraordinario dotado con más de 5.000 millones de euros para “financiar medidas de ayuda que compensen las pérdidas producidas en las explotaciones agrícolas y ganaderas”, además de la activación de la Reserva de Crisis, “diseñada para apoyar al sector cuando afecta a la producción y poder financiar medias excepcionales”.

En paralelo, los populares exigen establecer la aplicación de un tipo del 4% del IVA a las compras realizadas por los productores agrarios, ganaderos o forestales “necesarios para su actividad”, y reducir los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por “los graves desequilibrios del mercado, el gran incremento de los costes de producción y otras circunstancias extraordinarias”.

Además, quieren “poner en marcha” las bonificaciones utilizadas en las actividades que llevan a cabo los operadores de la cadena sujetos al ámbito de aplicación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, y que ascienden hasta un 35% en la factura del gasóleo y un 15% en la de los plásticos y fertilizantes.

Asimismo, el texto insta al Gobierno a ayudar en la búsqueda de nuevos mercados para garantizar el suministro de los alimentos afectados por la guerra, y regular los contratos de energía para regadíos para que puedan contratar al menos dos potencias distintas a lo largo de un año, en función de las necesidades de suministro para el riego.

PAC

Por otro lado, pidieron “flexibilizar” la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) para 2022, “con un anticipo real de los pagos a los productores y un incremento del adelanto del pago del 50% al 70%”, y modificar la propuesta de Plan Estratégico de la PAC de España “teniendo en cuenta las actuales circunstancias”.

Asimismo, el PP solicita relajar las limitaciones del uso de superficies de barbecho y de interés ecológico “para aliviar los efectos de la sequía”, con la posibilidad de aprovechamiento de barbechos con cultivos proteaginosos.

Por último, el texto pretende que el Gobierno revise el Pacto Verde Europeo –además de otras estrategias, como la 'Estrategia de la Granja a la Mesa' y la 'Estrategia de la UE sobre Biodiversidad' para 2030– para que “su aplicación no se derive una pérdida del potencial productivo del sector agroalimentario, ni se ponga en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país”.