Asimismo, el PP ha propuesto un plan de ayudas para el pequeño comercio, basadas en subvenciones a los tipos de interés. Ambas medidas están contempladas en términos muy similares por el Gobierno, que quiere introducirlas en el proyecto presentado pr los nacionalistas catalanes.

El PP ha previsto que en 1995 haya 12 días festivos en los que se puedan abrir los comercios; en el 96, 16; en el 97, 20; en el 98, 24; en el 99, 28 días, para llegar en el año 2000 a la reinstauración del 'decreto Boyer', o sea, la libre apertura en festivos en todo el territorio nacional.

Ramón Aguirre, diputado del PP que presentó esta ley, aseguró que el proyecto de ley de CiU "no respeta ni la libertad de empresa ni la unidad de mercado, bases fundamentales sobe las que se apoya el proyecto popular".

Las críticas del Partido Popular se han extendido también al Gobierno, que con su política económica "perjudica a los pequeños comercios, por la elevada fiscalidad, el alto precio del dinero y la rigidez del mercado laboral".

RECONVERSION SILENCIOSA

Aguirre aseguró que el sector del comercio está sufriendo una reconversión "silenciosa" y que se encuentra en una situación de dificultades para su supervivencia.

A su juicio, la crisis se ha originado pr las nuevas condiciones de la demanda y los consumidores, especialmente por el acceso de la mujer al mercado laboral, la elevación del poder adquisitivo y un alargamiento de los periodos de compra, condiciones que perjudican especialmente al comercio tradicional.

De ahí que el PP considere que "no basta con una propuesta de ley", sino que también plantea un plan de apoyo al comercio tradicional que en su opinión no tiene el mismo tratamiento que otras empresas de grandes dimensiones en crisis.

Ete "plan de choque" incluye una línea de crédito de 50.000 millones a 10 años y a un tipo de interés tres puntos por debajo de los de mercado, potenciar los proyectos de asociación y fusión, y un plan específico de formación y capacitación profesional para el sector.

Introduce también una serie de requisitos para la creación de nuevas instalaciones para grandes superficies, especialmente el mantenimiento de la licencia municipal.

Además, el principal partido de la oposición propone una serie de nrmas que liberalicen el mercado laboral en este ámbito, reformas de carácter fiscal y una nueva reestructuración de los pagos a proveedores.