Este plan de austeridad, explicado por Manuel Núñez, portavoz del PP en la discusión de los Presupuestos celebrada hoy, refleja la oposición de los populares a lo que consideran "colocar a los funcionarios como chivo expiatorio de la crisis".

Núñez destacó lo que, a su enteder, son contradicciones del Gobierno, como el hecho de que, cuando se esta discutiendo los Presupuestos del Estado, quede aún sin concretar cuál va a ser la retribución de los funcionarios, la oferta de empleo público y la conversión de contratos laborales en la Administración, que estarían sujetos todavía a negociación y al logro o no del "pacto social".

El plan de austeridad presentado por Núñez supondría la congelación de retribuciones para los parlamentarios, altos cargos y puestos directivos de a Administración.

El plan, que se basa en las enmiendas presentadas por este grupo parlamentario, prohibiría la discrecionalidad y la ambigüedad a la hora de fijar complementos de productividad para subsecretarios, directores generales y otros altos cargos de la Administración.

Esta misma previsión alcazaría también a presidentes, vicepresidentes, consejeros delegados y directores generales de empresas públicas.

PROHIBIR LOS CONTRATOS BLINDADOS

La propuesta del PP incluye también la prohibción de contratos blindados, pólizas de seguros y fondos de pensiones como retribución en especie para altos cargos, así como la eliminación de los contratos fuera de convenio que existen en la Administración central y que contengan retribuciones superiores a las fijadas para puestos similares en los Presupuestos Generales del Estado.

Con el esquema de reducción del gasto que plantea el PP se lograría, según afirmó el portavoz popular, una reducción de 186.000 millones de pesetas en gastos corrientes,del total de 620.000 millones que, según el capítulo 2 del presupuesto, gastan el Estado, los organismos autónomos y los entes público.

Asimismo, se obligaría a que las administraciones públicas redujeran el gasto en publicaciones en un 50 por cien, el de publicidad y propaganda en un 70 por cien, el de estudios y trabajos técnicos, también en un 70 por cien, las atenciones protocolarias y representaciones en un 50 por cien y los gastos en mobiliario y enseres en otro 50 por cien.

El PP emplaza a Gobierno para que antes del 31 de marzo presente un plan con los organismos autónomos y entes públicos que se deben "suprimir, refundir o modificar para llegar a cabo la drástica reducción a que se comprometió en el programa de convergencia aprobado en marzo de 1992".

Por último, el PP invita al Gobierno a que limite el número de altos cargos y puestos directivos de todas las administraciones públicas devolviendo el total de estos altos cargos a los límites que existían en 1983, "cuando todas las cometencias estaban en manos de los ministerios".