En rueda de prensa en el Senado, González Pons hizo público un documento de quince folios destinado a sevir de base en las negociaciones con el resto de partidos para reformar la institución parlamentaria, partiendo del principio de que no habrá reforma de la Constitución.

Entre las novedades aportadas destacan la realización de dos debates autonómicos por cada Legislatura y la presencia permanente de los presidentes autonómicos en los plenos del Senado, lo que se ha venido en llamar popularmente como "banco verde", cuyos escaños ocuparían los mandatarios autonómicos.

El líder del PP en el Senado airmó que el documento presentado, "aunque pueda parecer a muchos insuficiente, es una propuesta que va en serio, sobre la que estamos dispuestos a hablar y debatir en serio, todo cuanto haga falta, con los límites señalados (no a la reforma constitucional), pero que dentro de ellos el campo de juego es inmenso".

Aunque González Pons insistió en que la propuesta está abierta al mayor consenso posible, aclaró, no obstante, que sus puntos fundamentales pasan por la presencia habitual de los presidentes atonómicos en la Cámara Alta, la definición de un nuevo formato para el Debate sobre el Estado de las Autonomías, y que las iniciativas de trascendencia territorial se debatan siempre en el Senado.

Para articular la presencia de los presidentes autonómicos en la Cámara Alta, una de las novedades más trascendentes, el PP abre la puerta a dos alternativas: la reforma reglamentaria que les confiera voz, pero no voto, o bien adoptar la práctica de que todas las comunidades autónomas elijan a sus respectivo presidentes como senadores autonómicos, en cuyo caso tendrían voz y voto, sin tan siquiera reformar el Reglamento.

El actual Debate sobre el Estado de las Autonomías pasaría a denominarse Debate de Cooperación Autonómica. Se celebraría con una frecuencia bianual (uno en el primer año y otro en el tercero de cada Legislatura) y tendría carácter sectorial o de tratamiento de materias específicas, como Sanidad, Educación, etcétera.

OBSERVATORIO AUTONOMICO

De igual modo, se crearía un ObservatorioAutonómico para el seguimiento de todos los temas de carácter autonómico. Este observatorio estaría compuesto por funcionarios de la Cámara Alta, profesores, senadores y tendría la misión de elaborar un documento bianual sobre la situación de la cooperación autonómica.

Dicho documento se remitiría a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en donde se celebrarían debates de carácter sectorial sobre los temas, asimismo sectoriales, que hubiera tratado el informe.

A estos debates, de acuero con la propuesta del PP, asistirían el ministro del ramo, los consejeros correspondientes de las distintas comunidades autónomas y los senadores, y se desarrollarían a lo largo de varias semanas.

Finalizados los debates sectoriales, la Comisión General de las Comunidades Autónomas elaboraría un informe basado en el documento inicial del Observatorio Autonómico y completado con las conclusiones derivadas de los distintos debates sectoriales.

Finalmente, dicho informe se elevaría al pleno para sudebate. A este debate asistirían el Gobierno, representado por todos los ministros afectados -y en su caso, si lo estimara oportuno, el presidente del Gobierno-, y los presidentes autonómicos, y en el mismo se aprobaría el informe definitivo sobre la cooperación autonómica.

Por contra, el PP impone tres condiciones innegociables: que la reforma de la Cámara se haga sin modificar la Constitución y sólo por la vía reglamentaria, y que tampoco se haga alterando el actual reparto de competencias entre lasinstituciones constitucionales.

En cualquier caso, González Pons adelantó que las negociaciones entre los grupos parlamentarios en torno a esta propuesta se desarrollarán durante las próximas semanas. Se estima que para los meses de junio y julio podría alcanzarse un consenso en relación al mismo, en el mejor de los casos. En este punto, González Pons subrayó que, en ningún caso, el PP desarrollará su propuesta si no alcanza el consenso suficiente entre el resto de partidos políticos.