Así lo señaló hoy en rueda de prensa Miguel Ramírez, portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, quien señaló que el presupuesto es "insuficiente para cumplir los objetivos que propone", por lo que su grupo ha pedido su devolución al Gobierno.

El PP ha presentado 12 enmiendas de adicción que suponen un aumento del gasto en 53.950 millones de pesetas y 132 más para reducirlo en 23.173 milones.

Entre las primeras, Ramírez destacó un incremento de 10.000 millones de pesetas más a la misma cantidad presupuestada, para hacer frente a las deudas pendientes que Agricultura mantiene con los agricultores desde 1989 en concepto de subvenciones por el decreto 808.

Asimismo, el diputado popular propuso 30.000 millones para jubilaciones anticipadas, reforestación y actuaciones medioambientas, previstas como medidas de acompañamiento de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), lo que spone un aumento de 18.000 millones de pesetas.

Otros 5.000 millones serían utilizados para mejorar la infrestructura medioambiental, 7.500 millones para renovación y paralización de la flota pesquera, y 3.000 más para fomentar la acuicultura como complemento al desarrollo pesquero, entre otras propuestas de menor cuantía.

RECORTES EN ESTUDIOS

Por el lado del recorte, el Partido Popular propuso una reducción de 6.344 millones de pesetas en gastos de personal, ya que en su opinión los Presupuesto no coinciden con las plantillas reales, y de 2.872 millones más en gastos corrientes, de los que 1.315 millones son estudios contratados, que deberían hacerlos los propios funcionarios, según Ramírez

También el PP ha propuesto una eliminación de gasto de 6.302 millones en concepto de estudios y trabajos técnicos, inversiones informáticas y de mobiliario y de acondicionaiento de edificios, además de otros 2.000 millones previstos para la compra de acciones de empresas como Merco, que "sirven poara finnciar sus pérdidas".

Además de los recortes propuestos, Ramírez planteó la eliminación de ocho organismos, ya que recordó que ese ministerio tiene 25 con categoría igual o superior a dirección general y por tanto, con presupuestos indepedientes.

El diputado popular estimó que el incremento presupuestario propuesto quedaría perfectamente cubierto con la privatización de las sociedades de distribución alimentaria Merco y Mercasa, que estimó deficitarias, así como la de distribución Trasa, "que trabja en régimen de monopolio, con precios altísimos".

También pidió la venta de la finca de 16.000 hectáreas La Almoraima, expropiada a Rumasa, ya que en el Presupuesto contempla una partida anual de 120 millones para su mantenimiento, aunque dijo que debería hacerse con una serie de condiciones para mantener sus actuales explotaciones.

A la pregunta de qué fondos emplearía para 1994 una vez realizadas las privatizaciones, Ramírez contestó que consideraba esta fórmula válida para 1993 como año de rcesión, y que para próximos años habría que ver si quedaban empresas que se pudieran vender o si no, emplear los fondos públicos.