El secretario general del PSM, Rafael Simancas, y la portavoz adjunta en la Asamblea, Ruth Porta, "se han inventado una trama urbanística inexistente, algo a lo que nos tienen acostumbrados", dijo a Servimedia Francisco Granados.

El "número dos" de los populares madrileños recordó lo ocurrido en el verano de 2003, cuando la cúpula socialista llevó también a loz juzgados la presunta trama protagonizada por Eduardo Tamayo y Maite Sáez, "que se quedó en nada".

Ahora, prosiguió Granados, "vuelven a inventar una trama que no existe y se inventan también delitos inexistentes". Los socialistas han implicado a Aguirre y Granados en una trama que habría cometido delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y han pedido a la Fiscalía General del Estado que abra diligencias al respecto.

"Eso no puede quedar impune", sentenció el secretario general del PP de Madrid, para quien hay comportamientos que se deben "desterrar de la vida política".

Por ello, el Partido Popular ha puesto a trabajar a su servicio jurídico para que "estudie la presentación de una querella criminal por injurias y calumnias" contra, en principio, Ruth Porta. El caso se deberá sustanciar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El departamento jurídico del PP de Madrid está recabando documentación con las declaraciones realizadas por Porta y en el momento en que se haya completado ese trabajo se presentará la querella.

Granados atribuyó las "imputaciones gravísimas" realizadas por Porta a su "debilidad" y la de Simancas en el Partido Socialista de Madrid, "igual que hace año y medio" tras el "caso Tamayo" que hizo que el líder del PSM no accediera a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y se volvieran a celebrar elecciones regionales.

En el plano político, el secretario general del PP de Madrid consideró que el asunto debe sustanciarse en la comisión de investigación creada en Majadahonda para analizar lo ocurrido y "depurar las responsabilidades" que pudieran derivarse en el funcionamiento de la empresa pública PAMMASA.

Será esa comisión la que informe y "deje claro" que las decisiones adoptadas "se ajustan a la legalidad", concluyó Francisco Granados.