Esta iniciativa viene a sumarse a la enmienda que el Partido Popular ya había presentado a Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para recuperar la posibilidad de presentar ante el Alto Tribunal un recurso previo de inconstitucionalidad en el caso de las reformas estatutarias.

La Proposición de Ley planteada por el PP concede un plazo máximo de "tres días" para presentar un recurso previo de inconstitucionalidad contra un estatuto una vez que éste haya sido aprobado por las Cortes Generales (Congreso y Senado).

La presentación del recurso implicaría la suspensión de todos los plazos hasta deliberación del Alto Tribunal y paralizaría la convocatoria del posible referéndum necesario para tu ratificación por los ciudadanos, tal y como es necesario en Cataluña.

El Tribunal Constitucional tendría capacidad para ordenar la supresión o modificación de los preceptos que considere inviables, y deja abierta la posibilidad de plantear otro recurso de inconstitucionalidad una vez que el texto estatutario con fuerza de ley haya entrado en vigor.

Zaplana advirtió en rueda de prensa de que, si el Tribunal Constitucional valora el contenido del nuevo estatuto con posterioridad a su entrada en vigor y llega a la conclusión de que no se ajusta a la Carta Magna, crearía "un problema político de primera magnitud".

"El conflicto político sería de un gran alcance y trascendencia y parece que si esta ruptura del consenso no se va a ceñir exclusivamente al Estatuto de Cataluña convendría un mecanismo de esta naturaleza", dijo.

Zaplana manifestó que el nuevo Estatuto de Cataluña ha provocado la "ruptura del consenso" constitucional, ya que ha salido aprobado por el 54% de los diputados y con el voto discrepante de las dos grandes fuerzas políticas.

Además, anunció que el Grupo Popular pedirá la comparecencia parlamentaria "de todos los miembros del Gobierno y de todos los ministros" para que acudan a dar su opinión sobre el Estatuto de Cataluña y valoren las consecuencias que éste va a tener en la ejecución de sus competencias.