La secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz del PP en la Comisión Constitución del Congreso, Federico Trillo, presentaron estas y otras conclusiones alcanzadas durante la conferencia "Un estado eficaz" que celebra este fin de semana la formación que dirige Mariano Rajoy.

El decálodo elaborado por los populares propone que la aprobación de los estatutos de autonomía requiera una mayoría de "dos tercios" en los parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales, de manera que sea "imprescindible" el consenso.

El PP quiere que la Constitución haga suyo "de forma expresa y con claridad" los principios de lealtad constitucional, coordinación, cooperación y colaboración entre administraciones, así como la unidad de mercado.

También pide que fijar "un núcleo de competencias exclusivas instransferibles e irrenunciables como la política exterior, de defensa, seguridad y coordinación de la gestión de situaciones de crisis". Además, reclama un fortalecimiento de aquellas que garanticen la igualdad de derechos y obligaciones entre españoles.

En especial, considera que la representación internacional del Estado "debe corresponder en exclusiva al Gobierno de la Nación", por lo que la Constitución debería atribuirle "la coordinación de los gobiernos autonómicos en los asuntos relaciones con la UE".

El PP apuesta por aprobar un conjunto de "leyes estatales" que regulen para toda España los recursos y los servicios esenciales que garanticen la igualdad entre ciudadanos y que permitan al Estado fijar a través de la Cortes Generales la legislación básica sin que los estatutos autonómicos puedan limitarlas mediante un "blindaje".

La formación de Mariano Rajoy apuesta por modificar el artículo 150.2 de la Constitución para que "no se pueda transferir" a las comunidades autónomas "facultades inherentes a la soberanía del Estado o indispensables para su correcto funcionamiento".

El PP asume también una de las habituales reivindicaciones de Mariano Rajoy: la derogación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que abre la puerta a la anexión de Navarra al País Vasco.

Finalmente, el decálogo popular propone reservar al Tribunal Supremo el recurso de casación y fortalecer las corporaciones municipales mediante la elevación a rango de ley orgánica de la Ley de Régimen Local.