Los diputados populares Ignacio Gil y Manuel Arqueros denuncian "la trascendencia que podría tener una inadecuada gestión de estos talleres" que, a su juicio, "parece que se está produciendo en esas fechas", ya que son un vehículo para la reinserción de los reclusos a través de los trabajos que encargan particulares, empresas o la propia Administración.

Los parlamentarios preguntan al Gobierno si reclusos y funcionarios de Ocaña, bajo la autorización de la propia Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, realizaron obras en el domicilio privado del director general de Administración Penitenciaria, y si éste les pagó muy por debajo de los precios habituales del mercado.

Junto a esta uestión, los populares piden al Gobierno que indique los motivos del reciente cese del subdirector de Talleres de la cárcel de Ocaña.

Los diputados concluyen con la siguiente pregunta: "¿Piensa el Gobierno que los reclusos están siendo utilizados, dada su situación de obligada dependencia de la Administración Penitenciaria, en beneficio particular de determinado alto cargo y con cargo al erario público?".