Bravo, quien realizó estas declaraciones durante el foro 'Desayunos para los negocios', organizado por el diario ‘La Razón’, en el que participó junto al director del periódico, Francisco Marhuenda, y el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de Madrid, Fernando Jesús Santiago Ollero; criticó que al Estado le cueste, de media, 140.000 euros la formación de un graduado universitario para que este acabe trasladándose a otro país con mayores oportunidades laborales.

Sobre el mercado laboral, señaló que España sigue teniendo los peores datos de empleo de toda la zona euro y aseguró que de cada 100 contratos que se realizan en España, solo 17 son indefinidos a jornada completa. Además, calculó que más de un millón de trabajadores en el régimen fijo discontinuo podrían haber trabajado solamente un día este año y criticó la opacidad del Ministerio de Trabajo respecto a la modalidad de los contratos.

También lamentó la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido trabajadores y pensionistas en los últimos años a pesar de la subida de las mismo debido a la inflación. “La cesta de la compra ha subido un 37% desde 2018, ¿Usted conoce a alguien que le hayan subido la pensión tanto?”, se preguntó el responsable de economía de la formación popular.

AFÁN RECAUDATORIO

Asimismo, Bravo criticó el “afán recaudatorio” del Gobierno de España y lamentó que los Fondos Europeos no hayan servido para transformar el sistema productivo español. “El Gobierno de España recaudó este año 150.000 millones de euros más, un 50% más de lo que recaudaba en el año 2018. El resultado de esto es que seguimos con déficit fiscal”, dijo Bravo, quien también se mostró crítico respescto al nivel de ejecución de estos fondos y afirmó que no han tenido el grado de penetración deseado en el tejido empresarial español.

Otro aspecto sobre el que se mostró crítico es el sistema de préstamos de estos fondos, del que afirmó que hubiese sido más eficaz si se hubiese ejecutado en un sistema de riesgo conjunto con la banca. “Ustedes han perdido la oportunidad de aprovecharse de 80.000 millones a fondo perdido”, aseguró Bravo, quien señaló que la adenda de los Fondos Next Generation que la Comisión Europea aprobó en octubre no es una buena noticia y se debe a que España ha crecido “por debajo de lo previsto”.

Santiago Ollero, por su parte, fue mucho más crítico con los Fondos Europeos y aseguró que, desde su propia concepción, son fallidos. “Para la pymes y los autónomos no han servido para nada y en muchas ocasiones aquellos que han pedido estas ayudas se han metido en un lío”, aseguró el presidente del Consejo General, quien aseguró que hay 45.000 autónomos “lampando” recibiendo cartas en las que se les apremia para la devolución de las ayudas.

Asimismo, Santiago también destacó la crítica situación que atraviesan muchos negocios en España, a pesar de la buena situación macroeconómica. “Según datos de los gestores administrativos se han destruido 120.000 negocios y 480.000 están en situación de perdidas. Además, 67.000 están al borde del concurso, un 11% opera generalmente en negro, un 18,6% factura menos que antes de la pandemia y 15,6% presenta graves problemas de liquidez”, detalló.

CRÍTICO CON LA DANA

Respecto a las ayudas para los afectados de la DANA que asoló distintos puntos de la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre, Bravo mostró su asombro por el hecho de que los afectados tengan que solicitar dichas ayudas. “Esos datos que se solicitan ya los posee la Agencia Tributaria”, afirmó Bravo, quien pidió agilidad para que todos los afectados puedan cobrar las ayudas de la forma más eficaz y rápida posible.

Preguntado por las medidas que tomaría en el caso de que alcanzase el cargo del Ministerio de Hacienda esbozó una serie de líneas generales. En primer lugar, aseguró que reducirían el gasto superfluo. “No somos creíbles si subimos los impuestos y no hacemos nosotros un esfuerzo de constricción en el gasto público”, señaló Bravo, quien afirmó que la reducción de las trabas administrativas sería otro de los pilares de su gestión.

También planteó una reducción del impuesto de sociedades para que las empresas puedan contratar a más trabajadores e invertir o un replanteamiento para que las ayudas a la natalidad beneficien a aquellos que más lo necesitan. Asimismo, afirmó que es necesario dotar de mayores incentivos para invertir a las grandes empresas. “Con el impuesto de la energía se pueden recaudar 1.500 millones, las empresas energéticas solo en Andalucía van a invertir 17.000, lo que implica que van a pagar 5.000 en impuestos”, explicó.

Por último, citó la necesidad de adecuar la formación a las demandas del mercado laboral y la pertinencia de enfocar la inversión en nuevas tecnologías para aumentar la productividad y reforzar el empleo tanto en calidad como en cantidad.