Uno de los principales problemas que afectan a este capítulo, y que provoca que España sea el país de la Unión Europea con más viviendas vacías, es la saturación de los juzgados que tienen que resolver los litigios provocados por los arrendamientos urbanos.

En opinión del portavoz de Vivienda del PP en el Senado, José Manuel García Ballestero, el hecho de que en España sólo el 12% del parque de viviendas esté en régimen del alquiler, frente a la media europea del 20%, demuestra que es un asunto en el que todos tenemos "un margen para mejorar la situación".

En este caso concreto, con la puesta en marcha de los nuevos juzgados, "se conseguiría descolapsar" un aspecto de la Justicia que "perjudica" a la disponibilidad de viviendas.

Para el PP, "está fuera de toda duda" que la existencia de tres millones de viviendas vacías "está directamente relacionada con la inseguridad jurídica que padecen los implicados en los arrendamientos y la lentitud judicial en los casos de incumplimiento de contrato".

Los juzgados de primera instancia, que son los competentes para conocer de estos litigios, presentan una gran saturación, lo que produce grandes dilaciones en la tramitación de los procedimientos y, muy especialmente, en los juicios por desahucio.

Con la modificación se persigue agilizar los litigios de vivienda, lo que coadyuvaría a la descongestión general de toda la Administración de Justicia, especialmente en el orden civil, y, paralelamente, fortalecer la seguridad jurídica de quienes arriendan su vivienda, incentivando la salida de viviendas al mercado de alquiler.

El texto propuesto por los populares consta de cinco artículos y dos disposiciones, en los que se establece la creación de los nuevos juzgados, así como su extensión a todas y cada una de las provincias de España.