La decisión la tomó el Grupo Popular en una reunión celebrada en el Congreso de los Diputados y de la que dio cuenta el portavoz, Eduardo Zaplana, en rueda de prensa.

Considera el PP que las declaraciones del teniente general José Mena y del general Roberto González, unidas al debate en sí de la reforma estatutaria, y a la asamblea convocada por Batasuna, son asuntos de suficiente relevancia como para que sean debatidas por el pleno del Congreso.

Lo contrario, dijo, demostraría el "desprecio" del Gobierno del PSOE por el Parlamento y, en definitiva, por los ciudadanos, que deben ser "tranquilizados" por sus responsables políticos.

Zaplana subrayó que desde 1982 no se había escuchado a ningún responsable militar pronunciarse "en estos términos", y ese silencio era una prueba de "normalidad democrática" en la que cada uno asume su papel y su función.

Su petición fue duramente criticada por el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, que acusó al PP de intentar "instrumentalizarlo todo, cualquier cosa", con tal de "desprestigiar al país" y erosionar con ello al Gobierno.

López Garrido precisó que el PP está en su derecho de pedir cuantas reuniones de la Diputación Permanente desee, de hecho, esta será la tercera en el mes de enero.

Sin embargo, afirmó que la "gran anomalía" es que el PP, principal partido de la oposición, ejerza de "altavoz" de un hecho aislado para convertirlo en asunto político del que responsabilizar al Gobierno.

También el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, se mostró muy crítico con la peticion del PP al declararse "sorprendido" de que un grupo democrático ponga el énfasis en la comparecencia del Gobierno y no en las declaraciones en sí de un militar.

Duran dijo que la única "voz potente" que debería escucharse por parte del PP, "con mayúsculas y rotundidad", es la condena al comportamiento de un militar que no se puede justificar.

Precisó que CiU tiene plena confianza en el conjunto de las Fuerzas Armadas como defensoras de la Constitución, y por eso, precisamente, deben ser condenadas las actitudes individuales contrarias a eso.

En su opinión, el PP persigue sólo "intentar enredar cuanto más, mejor", y generar ruido en torno al debate sobre la reforma del Estatuto catalán para "erosionar al Gobierno socialista".