Hasta la fecha sólo habían presentado recurso de inconstitucionalidad el PP, y dos parlamentos autonómicos.

Según publica hoy el diario "El País", la Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado los trámites legales para presentar una cuestión de inconstitucionalidad -la primera de un órgano judicial-. La Audiencia estima que el artículo 21 de la ley, que permite a la Policía efectuar registros sin autorización judical, atenta contra la inviolabilidad de domicilio.

Trillo recordó que su partido advirtió durante el debate parlamentario del texto que la redacción "errática y ambigua" del polémico artículo 21 iba a suscitar problemas de aplicación.

En su opinión, después de conocerse la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, el principio de certeza jurídica queda en situación de "penumbra", necesario para "el propio saber a qué atenerse" de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El responsable del ára jurídica del PP dijo que el Tribunal Constitucional debe acelerar ahora los cuatro recursos contra la ley, precisamente para "clarificar el panorama jurídico" y el principio de certeza.

SOLICITUD DE AMPARO

Por otro lado, Trillo anunció que la próxima semana solicitará el amparo del presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, para que el Ministerio del Interior facilite los datos indispensables que puedan hacer posible el seguimiento de la aplicación del artículo 21 al que se comprometiern los conservadores cuando se aprobó la ley.

Según el diputado del PP, ni el ministro ni los altos cargos de su departamento han ofrecido datos durante sus comparecencias en la Comisión de Interior de la Cámara Baja.

"Hubo un número vacilante de aplicaciones en las intervenciones del director general de la Policía y del propio ministro y eso nos llevó a plantear, antes del verano, todo un bloque de iniciativas de carácter escrito, que exigen todos y cada uno de los expedientes de aplicación de lo artículos 20 y 21, que no ha sido contestado", explicó Federico Trillo.