El autor de la iniciativa, el portavoz popular, Antonio Beteta, explica que la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que, en consonancia con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, considera "prioritario el apoyo a los ciudadanos que presentan mayores dificultades para el ejercicio de su derecho a una vivienda digna a través de políticas adecuadas de vivienda protegida, desde la colaboración de las distintas administraciones y de acuerdo con sus respectivas competencias".

Beteta señala que el pasado mes de enero, el Gobierno central, a través de los ministerios de Defensa y de Vivienda, y el Ayuntamiento de Madrid se comprometieron a desarrollar la construcción de 12.000 viviendas, en la primera fase programada de esta operación, en la que está previsto actuar sobre 2,1 millones de metros cuadrados clasificados como suelo urbano.

Asimismo, añadió que el Ayuntamiento de Madrid anunció que todas las viviendas construidas por la corporación dentro de este plan -1.300- serían protegidas, mientras que el Ministerio de Vivienda contempla la construcción de 3.700 viviendas libres y 7.000 protegidas.

Beteta indica, en la proposición, que la segunda fase de esta operación significará actuar sobre una superficie de 6,8 millones de metros cuadrados, clasificados como "suelo urbanizable no programado", "sin que se haya concretado por parte del Ministerio de la Vivienda el número de viviendas a construir en esa segunda fase". Los populares piden que todas ellas tengan carácter protegido.