El PP alega que los recientes acontecimientos ocurridos enMarbella "han puesto de manifiesto que al amparo de estructuras administrativas de ámbito municipal, concebidas para la satisfacción de los intereses ciudadanos, pueden llegar a surgir estrategias criminales de marcada capacidad pluriofensiva".

Los delitos cometidos en el manejo de fondos públicos, dice el PP, "erosionan la credibilidad social de las instituciones y menoscaba, a veces de forma difícilmente reparable, las finanzas puestas al servicio de la corporación municipal afectada".

En algunos casos, este tipo de actuación ha supuesto un "verdadero asalto al patrimonio municipal", que ha "desdibujado" la línea divisoria entre lo público y lo privado y que implica que la recuperación de la normalidad institucional "no siempre es fácil".

Los populares resaltan que los complejos procesos judiciales y la rigidez de las normas presupuestarias impiden que la actividad administrativa se recupere con celeridad y que la actividad de los ayuntamientos afectados en favor de los ciudadanos se pueda realizar.

De hecho, los procesos judiciales en los que hay grandes cantidades de dinero u otras ganancias ilícitas provenientes de la comisión de delitos o faltas suelen conllevar el embargo de las riquezas para "asegurar las responsabilidades civiles de los condenados", tal y como establecen los artículos 127 y 374 del Código Penal.

Por ello, el PP pide que se añada un artículo 127 bis al Código Penal que establezca que las autoridades judiciales puedan acordar, incluso en el momento de las primeras diligencias y para el cumplimiento de los fines propios de la institución, "que los efectos e instrumentos del delito, así como los bienes y ganancias provenientes de aquel, sean administrados o, en su caso, utilizados provisionalmente por los responsables del ayuntamiento o de la Comisón Gestora que hubiera asumido las funciones propias de la corporación afectada".

Además, y para que el citado precepto pueda se aplicado al procedimiento conocido como "caso Malaya" que se sigue en Marbella, el PP propone la adición de una disposición transitoria en la que se establezca que esta normativa será "de aplicación en los procedimientos judiciales que se hallen en trámite en el momento de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado".