La proposición pide modificar el artículo 4.2 del Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la normativa sobre discapacidad, tal como defiende el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

De acuerdo con el derecho positivo, una persona a la que se le haya reconocido una discapacidad no es automáticamente definible como "persona en situación de dependencia", apunta la proposición. Sin embargo, “no hay ninguna duda de que una persona que se encuentre en situación de dependencia es reconocible como persona con discapacidad, al menos en el 33%, que es el grado mínimo”, agrega el PP.

“Cuestión diferente es si la persona con dependencia desea que se le califique en un grado de discapacidad superior”, prosigue, lo que “habrá de seguir haciendo el organismo competente en función del baremo específico existente".

El PP consideró que "asimilar al grado mínimo de discapacidad a las personas que hayan sido valoradas como en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados”, es “una decisión suficientemente motivada por razones de justicia social, técnicas, de oportunidad política y de neutralidad presupuestaria”.

“Esta asimilación ya se reconoce, a todos los efectos, a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan acreditada una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”, precisa la propuesta de ley.

Esta equiparación se recoge en el artículo 4.2 del citado Real Decreto Legislativo 1/2013, que la proposición pide modificar para incluir también a las personas en situación de dependencia.

En su exposición de motivos, destaca que las personas con una valoración reconocida de dependencia "han pasado por un minucioso proceso de entrevistas y exámenes" y que "si desean obtener un reconocimiento de la discapacidad, deben acudir a otro procedimiento, que se desarrolla en otro organismo, abonar una tasa y esperar, frecuentemente mucho tiempo, para que dicho procedimiento concluya".

A su juicio, "si se aprobara esta modificación se conseguiría un ahorro de recursos y medios públicos que se unirían a la simplificación y a un mejor servicio a personas vulnerables que ya tienen que sufrir un sobreesfuerzo económico".

Además, subraya que la asimilación propuesta "no significa en modo alguno una extensión o ampliación indiscriminada de beneficios o incentivos, pues la propia norma de asimilación, hoy aplicable a pensionistas de invalidez, limita su efecto al grado mínimo de discapacidad (33%) y remite a las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva la determinación de los requisitos específicos para acceder a ellos".