Así lo indicó durante el debate en el Pleno del Senado de la Ley de Vivienda, que afronta el que podría ser su último trámite parlamentario si el texto sale adelante sin la introducción de ninguna enmienda adicional que obligaría a devolver la norma al Congreso.

Silván dijo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esta ley “han podemizado la vivienda”, definió la norma como una “ley okupa de la propiedad privada” y subrayó que ninguna ley “ha despertado en el Senado tanta oposición como la Ley de Vivienda”.

“¿Por qué estamos debatiendo una ley fruto del chantaje de los amigos de los asesinos de las víctimas de ETA?, se preguntó Silván quien inquirió a los senadores socialistas si no sentían “bochorno o vergüenza”.

“Tienen una oportunidad. Retiren esta ley fruto del chantaje a la democracia. Pronúnciense hoy retirando esta ley. Es una oportunidad que les brinda hoy el Senado”, dijo a los senadores socialistas.

En cuanto a la norma, criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esta ley “han podemizado la vivienda”, definió la norma como una “ley okupa de la propiedad privada” y subrayó que ninguna ley “ha despertado en el Senado tanta oposición como la Ley de Vivienda”. Además, pronosticó que habrá “consecuencias indeseadas en formas de indemnizaciones”.

Su compañera Pilar Rojo señaló que la norma ha estado “guardada en el cajón más de un año” y “no era urgente” hasta semanas antes de las elecciones autonómicas y locales, en las que el PSOE no tenía “buenas perspectivas”. También indicó que el Gobierno no podrá obligar a las comunidades autónomas a aprobar muchas de las cuestiones de la norma “salvo que pretenda arrollar el Estado de las autonomías”.

Respecto al contenido, criticó la intervención de precios porque ha producido “efectos contraproducentes allí donde se han aplicado” y porque, pese a ser la medida “estrella” de la ley, es “una de las más lesivas”. La senadora apuntó que el arrendador promedio “se parece más a un jubilado que a un fondo de inversión”.

Por el contrario, el senador del PSOE Ramón Morales señaló que la norma busca la “protección de los grupos más vulnerables” y le indicó al PP que “un inquilino que no paga el alquiler no es ‘okupa’ sino a un moroso”, reclamando a los populares que “basta de miedos y bulos”.

El senador socialista subrayó que, con los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil criticados por el PP por “favorecer la ‘okupación”, lo que hace son reforzar la “conexión entre los procedimientos judiciales de los alzamientos de personas vulnerables y los servicios sociales que puedan encontrar una alternativa habitacional”. Así, recordó que el delito de usurpación se regula en el Código Penal por lo que es una “falsedad” que la norma favorece a los ‘okupas’.

Su compañera de partido María Isabel Moreno se preguntó por el “texto alternativo” que presenta el PP para la norma de vivienda y aseguró que la formación está “abusando del relato de los ‘okupas’”, por lo que “corren el riesgo” de convertir al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, en un “cuentacuentos sin criterio”.

La senadora defendió el mecanismo de intervención de precios al señalar que “cuanto más alejado esté el componente especulativo, mayor garantía de estabilidad y equilibrio se le dará a un mercado altamente imperfecto porque pertenece a un sector cíclico en grado extremo”. Moreno subrayó que este modelo “se está extendiendo por toda Europa” y aseguró que “la derecha llegará tarde”.

Además, negó que la norma invada competencias autonómicas porque “no pretende uniformar legislaciones autonómicas”, sino ofrecer un “parámetro de constitucionalidad para garantizar la igualdad de acceso a la vivienda digna y accesible”.

PROPUESTAS DE VETO

Además del PP, se presentaron otras cinco propuestas de veto a la norma, la mayoría de ellas centradas en la “invasión competencial”, aunque también, en el caso de Vox, en el “ataque a la propiedad privada”.

Su senadora María José Rodríguez de Millán señaló que la norma “no va a atajar los principales problemas de vivienda” e “introduce por primera vez el derecho a ‘okupar’”. Además, criticó su “intromisión” en el patrimonio de los ciudadanos y subrayó que la norma “vuelve a demostrar que el Gobierno está del lado de la delincuencia”.

Por su parte, el senador de Ciudadanos Miguel Sánchez señaló que es una ley “cortoplacista” y “llena de ocurrencias” que va a “agravar” el problema de la vivienda. Subrayó el “intervencionismo”, la “inseguridad jurídica” y la ‘okupación’ como los principales “daños” que introduce la ley.

Asimismo, el senador de UPN Alberto Catalán le preguntó al PSOE si el acuerdo con EH Bildu para sacar adelante la Ley de Vivienda “sigue vigente” y criticó el “blanqueamiento” a la formación abertzale. También señaló que la norma produce una “invasión descarada de competencias”

LUCHA INDEPENDENTISTA

Como ocurriera en el Congreso, donde PNV, Junts y PDeCat hicieron un frente común para votar en contra del texto, las formaciones independentistas de derecha e izquierda chocaron a cuenta de las competencias.

Por parte de Junts, el senador Josep Lluís Cleries señaló que PSOE y Podemos se han instalado “de forma silenciosa y con la complicidad de los partidos independentistas” en la armonización de competencias en materia de vivienda. El senador denunció que existe “una clara intención” de “tutelar” a las autonomías y señaló que esta legislatura ha sido la del “gran retroceso autonómico”.

En la misma línea, María Isabel Vaquero (PNV) señaló que “hubiera bastado” con desarrollar un marco para “dar seguridad jurídica” y criticó que partidos sin representación en País Vasco puedan intervenir en materia de vivienda cuando se trata de una “competencia exclusiva”.

También, por parte de Geroa Bai, Koldo Martínez señaló que ERC y EH Bildu se han convertido en “los lacayos más fieles del PSOE y los perritos falderos de Pedro Sánchez” “Bildu, Sortu, HB, ¿quién te ha visto y quién te ve?”, señaló.

En respuesta, las dos formaciones que posibilitarán que la ley salga adelante coincidieron en que el tema competencial es una “cortina de humo” para no entrar en el debate ideológico. Sara Bailac (ERC) señaló que “la defensa del autogobierno se utiliza como comodín para esconder que se defiende un modelo conservador” que defiende la “propiedad privada sin contar con su función social” y de los pisos “como mercancías al servicio de las élites rentistas”.

Por parte de EH Bildu, Idurre Bideguren aseguró que han introducido “salvaguardas competenciales” y criticó que el PNV no quiera “entrar en el debate político y confrontar los modelos que tiene cada uno”.