Esta disposición de la LOGSE establece un sistema de jubilación voluntaria para los funcionarios de Cuerpos docentes no universitarios que allí se determinan, al que los interesados podían optar durante el periodo comprendido entre los años 1991-96, ambos inclusive, siempre que reuniesen determinados requisitos.

Para el PP, la aprobación en 1990 de esta ley orgánica supuso la puesta en marcha de una reforma de gran calado que conllevaba la necesidad de una renovación y adaptación de la organización y la función educativa en general, así como de los docentes en particular.

El PP considera que el régimen de jubilación voluntaria de la disposición transitoria novena ha facilitado aquel proceso de reforma y ha permitido una renovación de los cuadros del personal docente, cuya necesidad de adaptación es constantey cuyas condiciones de trabajo son complejas y de gran repercusión social.