Cortés aseguró que la existencia de un organismo único de control, que se ejercería a través del Ministerio de Justicia, en lugar de varios protectorados en los distintos departamentos ministeriales competentes, como pretende el Gobierno, facilitaría la labor de as fundaciones en lugar de constreñirlo.

El PP considera que la Ley de Fundaciones que propone el PSOE es excesivamente restrictiva y abruma a las instituciones con requisitos burocráticos en lugar de favorecer su actividad, que sería la gestión de actividades de interés general desde la iniciativa privada.

"Para el PSOE, las fundaciones deberían ser una prolongación de la Administración, es decir que el Gobierno decida lo que hay que hacer y que la fundación lo realice con dinero privado, siempr con el férreo control de un protectorado ministerial", señaló Cortés.

El texto alternativo del PP propone la existencia de un único registro y de un único protectorado cuya misión será exclusivamente de vigilancia del cumplimiento de la legislación, en lugar de imponer constantes restricciones y requisitos.

"En el proyecto del PSOE se crea tal número de condiciones y regulaciones burocráticas que ni las fundaciones ni la propia Administración podrían atenderlos", manifestó el portavoz, que consieró que "estas exigencias tienen como único objetivo servir de arma de presión contra aquellas fundaciones que no se plieguen a los intereses del Gobierno, a las que acosarían incesantemente pidiéndoles todo tipo de papeles y justificantes".

REQUISITOS PREVIOS

Para los populares, la exigencia de requisitos previos induce a que haya que pactar con el Gobierno para poder ejercer las actividades fundacionales, cuando lo que ellos propugnan es que las fundaciones puedan dedicar la mayor parte de sus recrsos a fomentar actividades y no a cumplir con abusivos requisitos administrativos.

En cuanto a la apreciación subjetiva que realiza el registro de fundaciones sobre la suficiencia de la dotación económica fundacional antes de admitir su constitución, el PP cree que puede derivar en una discriminación en función de la afinidad al Gobierno de la institución solicitante.

Por ello, los conservadores proponen que se determine una cantidad mínima objetiva, que podría ser de un millón de pesetas, para ualquier fundación.

Otra de las discrepancias del PP frente al Proyecto de Ley es la dedicación al interés general de un 70 por ciento de las rentas obtenidas por la fundación. "Esta medida puede llegar a favorecer la acumulación de patrimonios improductivos", señaló Cortés, "ya que si no hay rentas, no hay que aportar nada".

Por su parte el PP propone que se destine al interés general una parte del patrimonio, que ellos han cifrado de forma inicial en un 2 por ciento, tal como se hace en EstadosUnidos, donde las Fundaciones tienen que esforzarse por recuperar esa parte del patrimonio que tienen, ineludiblemente, que aportar cada año.