La defensa de esta proposición de ley estaba prevista desde hace días, por lo que ha sido pura casualidad su coincidencia con la difusión radiofónica de las polémicas conversaciones telefónicas mantenidas por José María Benegas, secretario de Organización del PSOE.

La propuesta del PP se centra en un endurecimiento de las penas previstas por realizr escuchas telefónicas ilegales, pasando de arresto mayor a prisión menor.

Asimismo, Ortí Bordás propuso que sean castigadas no sólo las autoridades o particulares que interceptan las comunicaciones telefónicas sin autorización judicial o que divulguen la información obtenida, sino trambién las personas que, a pesar de haber contado con la debida autorización, revelen su contenido.

"Se trata", explicó José Miguel Ortí Bordás, "de conseguir que quede convenientemente reforzada la protección de unode los derechos fundamentales".

El portavoz popular propuso que sólo los delitos más graves puedan dar origen a una escucha judicialmente autorizada. En opinión de su partido, los jueces sólo pueden dar esa autorización en el contexto de un procedimiento judicial formalizado.

Ortí Bordás defendió también que todo el proceso de la escucha telefónica se desarrolle con las debidas garantías, bajo un efectivo y estrecho control judicial.

El Partido Popular exige a la Compañía Telefónica que garatice urgentemente las condiciones necesarias para impedir las manipulaciones telefónicas y que compruebe en cada caso el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para que una escucha sea legal.

AUTORIZACIONES INJUSTIFICADAS

En opinión de Ortí Bordás, "el Gobierno, frecuente y equivocadamente, sucumbre, en aras de un teórico incremento de la eficacia en la represión de determinadas conductas antisociales, a sacrificar más allá de lo razonable las garantías que protegen el ejercicio de determinads derechos fundamentales".

"Nuestro partido considera que este argumento constituye una peligrosa falacia jurídico-política completamente inaceptable", afirmó el portavoz del Grupo Popular.

"No hay persona", agregó, "que no descuelgue el teléfono preguntándose, con el debido horror, si no está entregando sus confidencias a la avidez receptiva de cualquiera no autorizado por el juez, o a la locuacidad y ausencia de discreción de los que sí puedan estarlo".

"Aspiramos", concluyó José Miguel Orí, "a reforzar la protección de los derechos fundamentales, frente a la creciente tentación de socavarlos en beneficio del Gobierno de turno".

Por su parte, el presidente del Partido Popular, José María Aznar, declaró hoy en rueda de prensa que mantendrán todas sus propuestas sobre las escuchas telefónicas y que son válidas "para todos los ciudadanos".