En su iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, el PP argumenta que "las mujeres con discapacidad están expuestas a una mayor vulnerabilidad ante este tipo de violencia", por lo que deben aplicarse instrumentos específicos para protegerlas.

Explica que, tal y como revelan cifras europeas, el 40 por ciento de las mujeres discapacitadas sufren o han sufrido algún tipo de violencia, y las personas con minusvalía sufren entre dos y cinco veces más abusos que el resto, lo que agrava la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad.

Por ello, urge al Gobierno a dar prioridad de mujeres con discapacidad víctimas de violencia en el acceso a vivienda social, en la concesión de ayudas destinadas a la adaptación del hogar, ayudas a domicilio y en el acceso a los servicios públicos de atención en casos de violencia de género.

Asimismo, reclama la inclusión de las mujeres con discapacidad en las campañas de sensibilización e información sobre violencia; la elaboración de materiales específicos sobre derechos y recursos existentes para mujeres víctimas de violencia de género y la incorporación de conocimientos sobre discapacidad en los programas de formación dirigidos a profesionales.

ELIMINACIÓN DE BARRERAS

La adaptación del servicio de teleasistencia, los centros de información y atención a las víctimas, las casas de acogida, los centros de emergencia y de apoyo y recuperación a las peculiaridades y necesidades de las mujeres discapacitadas es otra de las propuestas que el PP incorpora en su iniciativa.

El PP también considera necesaria la creación de un servicio de intérpretes de lenguaje de signos de urgencia para atención en comisarías, juzgados de guardia y servicios de emergencias, y que se obtengan datos estadísticos específicos sobre la situación de las mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género.

Estas estadísticas deben especificar el número de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, la cifra de mujeres que han adquirido una discapacidad como consecuencia de la violencia de género y también los menores que tienen una discapacidad o la desarrollan con motivo de la violencia contra mujeres embarazadas.