La proposición de ley del PP pretende que el plazo de un año para convocar nuevas elecciones no sea de aplicación "cuando las circunstancias de la corporación disuelta hicieran imposible garantizar el pluralismo constitucional, pudiéndose además reducir a la mitad los plazos previstos en esta ley para la convocatoria, celebración de elecciones y constitución de la nueva corporación".

El PP considera que "la gravedad de los hechos acaecidos en el municipio de Marbella exige de todas las fuerzas políticas democráticas la adopción de cuantas medidas hagan posible el restablecimiento de la dignidad de las instituciones y la devolución al pueblo de Marbella de su derecho a elegir democráticamente a sus representantes".

Así lo expresa en la exposición de motivos de su propuesta, en la que resalta que, "a la ya impresentable imagen dada por los regidores municipales desde la constitución de la corporación local, se ha unido el escándalo nacional e internaional suscitado por la detención e ingreso en prisión de la alcaldesa, la primera teniente de alcalde y uno de sus concejales por orden judicial".

"La legislación electoral dificulta por el juego de los plazos generales la inmediata convocatoria de elecciones en el municipio de Marbella. Además, pone en evidencia que la extraordinaria gravedad de estos casos no está suficientemente contemplada por la legislación vigente", prosigue.

Por todo, la formación dirigida por Mariano Rajoy concluye que "han de reforzarse los mecanismos legales para hacer frente democráticamente a situaciones tan excepcionales, y devolver así a los ciudadanos en el menor plazo posible el derecho a elegir a sus representantes directos y legítimos".