Para el portavoz popular, José Miguel Ortí Bordás, los funcionarios sufren un trato discriminatorio en relación a los trabajadores pertenecientes al Régimen General de la Seguridad Social, a los que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho a prolongar su vida laboral.

El PP ampara también su moción en que la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos reconocen el derecho al trabajo sin admitr otro criterio de promoción profesional que el tiempo, el servicio y la capacidad.