El grupo popular estima que el actual impuesto ha creado muchas injusticias y agravios comparativos, como consecuencia tanto de su regulación legal como de su puesta en práctica, por lo que reclamará que las cutas mínimas no excedan de las aplicadas en los antiguos impuestos de licencia fiscal y radicación.

A su juicio, el IAE vulnera principios constitucionales, como los de autonomía y suficiencia financiera de las corporaciones locales, así como de capacidad económica y seguridad jurídica de los ciudadanos.

Según la propuesta que mañana expondrá el PP, la "maraña normativa, fragmentaria y puntual que desarrolla el IAE es el fruto de la imprecisión legislativa y de la falta de criterios del legislador que lesionan la seguridad jurídica del contribuyente ante la carencia de normas claras, precisas y bien fundadas".

La Ley de Haciendas Locales delimita cómo se calculan las tarifas, estableciendo que las cuotas mínimas del IAE no podrán exceder del 15 por ciento del beneficio medio presunto de la actividad gravada, teniendo en cuenta tanto los elementos fijos característicos de cada uno de los sectores de actividad gravados como la superficie de los locales en donde se realicen las actividades.

ste precepto fue criticado por el PP en el debate parlamentario previo a la aprobación de la ley por considerarlo ambiguo e inconcreto, por no atenerse a beneficios ciertos sino a beneficios presuntos y por los vaivenes de la economía, que hacen difícil que se pueda reflejar de manera objetiva la capacidad económica del contribuyente.

Por todo ello, el PP instará al Ejecutivo central a tomar medidas para devolver la Ley de Haciendas Locales a su redacción original, de tal forma que en la participaciónde los ayuntamientos en los tributos del Estado se respete el principio de suficiencia financiera, se evite el aumento de la presión fiscal "mediante impuestos injustos como el IAE" y se garantice el nivel de prestación de servicios a los ciudadanos que las corporaciones locales tienen asumido.