En ella, el diputado popular José Manuel Peñalosa Ruiz señala que todavía está en vigor una orden ministerial de 1951 que fijaba en 15 pesetas por día la cuantía máxima a percibir por un testigo en concepto de indemnización por los gastos de viae y el importe de los jornales perdidos con motivo de la comparecencia ante un tribunal.

El parlamentario recuerda que la actualización de esa modesta compensación económica está pendiente desde 1990, cuando una disposición de los Presupuestos del Estado de ese año estipulaba que el Gobierno aprobaría un decreto para regular los gastos originados a los testigos.

Posteriormente, el Informe Anual del Defensor del Pueblo de 1991 incluía una recomendación al Ministerio de Justicia para aumentar las idemnizaciones. Finalmente, en febrero de 1993, el Gobierno comunica que el proyecto de decreto está siendo objeto de un estudio definitivo, pero todavía no se ha dado ese paso, según indica el PP.