La moción del PP, que se debatirá en el Pleno de la próxima semana, exige también al Ejecutivo que declare zona catastrófica el barrio del Carmel, afectado por las obras de construcción de la línea 5 del metro de Barcelona, y también que se revisen de forma inmediata los proyectos de obras públicas de titularidad estatal que se encuentran en estos momentos en fase de ejecución.

Por otra parte, el Grupo Popular pide que se financie, como mínimo en un 50 por ciento, un plan especial para la rehabilitación de las viviendas afectadas y la urbanización del entorno en los barrios del Carmel, Coll, Tres Turons, la Taxonera y la Font d'en Fargas de la ciudad condal.

AYUDAS A LOS AFECTADOS

En cuanto a las ayudas a los ciudadanos afectados, los populares piden que las personas y entidades que hayan sufrido pérdidas patrimoniales reciban ayudas directas, por un importe mínimo de 30 millones de euros y previa elaboración de un censo por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento. Además, solicitan al Gobierno que financie un plan especial para la ejecución de las obras necesarias para reparar los daños ocasionados en bienes e infraestructuras públicas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La moción del PP recoge también la concesión de bonificaciones en el abono de las prestaciones a la Seguridad Social para los trabajadores autónomos, bonificaciones en las cuotas satisfechas por los empresarios a la Seguridad Social por los trabajadores por cuenta ajena, así como la adopción de disposiciones laborales para la tramitación de los expedientes.

Así mismo, el Grupo Popular demanda una rebaja en los índices o módulos del IRPF a los contribuyentes afectados y que se declaren exentos de este impuesto las ayudas concedidas tanto por la Administración Central, como aquellas que puedan otorgar las entidades responsables en concepto de responsabilidad civil.

Por último, el texto de la moción presentada por el PP pide que se reduzcan los módulos del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a las empresas afectadas; establecer subvenciones para los establecimientos comerciales y actividades económicas que se han visto afectados por la catástrofe del Carmel; una moratoria de intereses y amortización de créditos en los "leasings" de los comercios afectados; y la concesión de avales para que las entidades oficiales de crédito otorguen créditos blandos a los perjudicados.