"Todo lo que es la gran dependencia tiene que ser financiada íntegramente por la Administración General del Estado", declaró la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, María Salom, en una rueda de prensa en la que informó también de que el PP "está hablando con el Gobierno para intentar pactar y llegar a un acuerdo sobre esta ley".

Salom explicó que su grupo parlamentario apostará también por que las personas que cobren rentas mínimas queden igualmente exentas del copago de los servicios que precisen, así como que la vivienda de todos los beneficiarios del futuro sistema de la dependencia no compute en el cálculo de su renta personal, el que, según el texto actual, se tendrá en cuenta para fijar el porcentaje que deberán pagar los usuarios por las atenciones recibidas.

Estas propuestas conforman algunas de las más de 100 enmiendas que los populares presentarán al Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia hasta el próximo martes, día 6, en que finaliza la primera prórroga de enmiendas a esta ley.

Además, el PP propone que puedan beneficiarse de la norma todos los españoles que lo necesiten, independientemente de que en los últimos años hayan estado fuera del país. Actualmente, el proyecto indica que los usuarios deberán haber estado cinco años en España, y que los dos últimos tendrán que haber sido inmediatamente anteriores a la solicitud de los servicios.

OPINIÓN DEL BENFICIARIO

Por otra parte, este grupo parlamentario quiere que la opinión del beneficiario o, en su caso, la de sus familiares, sea fundamental a la hora de optar por una forma de atención o de otra y no que, simplemente, se les escuche, como señala ahora el texto normativo.

Salom indicó también que tal y como su grupo viene anunciando, enmendarán el artículo uno de la ley para pedir que recoja que el derecho que regula es "subjetivo y universal" y que se encuadra en la Ley de la Seguridad Social.

Por su parte, el portavoz de Asuntos Sociales del PP, Miguel Barrachina, insistió en la necesidad de que la financiación que reciban las comunidades autónomas por parte del Estado no se regule a través de convenios bilaterales, ya que se trata de una fórmula que "no garantiza seguridad ni suficiencia".

Los populares solicitarán también a través de sus enmiendas que la ley ampare a los menores de tres años, defina de forma más concreta en qué consistirá el plan integral de actuación para los beneficiarios y dé más importancia al papel de las regiones en los consejos territoriales que creará.

Del mismo modo, pedirán que en el Comité Consultivo que también prevé crear el texto tengan cabida representantes de personas mayores, personas discapacitadas y voluntarios; que se cree un fondo de cohesión interterritorial para atender a las personas que se desplacen a una región diferente a la que viven, y que los recursos económicos que aporte el Estado al sistema de la Dependencia queden reflejados en los presupuestos generales.