Los populares señalan queel artículo 14 de la Constitución prohíbe expresamente la discriminación por razón de sexo y, en concreto, aquéllas que se producen bajo la apariencia de tratamientos formalmente no discriminatorios, pero que encubren comportamientos perjudiciales para un grupo social determinado, generalmente femenino.

El texto de la iniciativa popular insta al Gobierno a modificar el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, teniendo en cuenta la obligación del empresario a pagar por la prestación de un trabajo e igual valor la misma retribución, tanto por salario base como complementos salariales, sin discriminación.

Otro aspecto fundamental que recoge el texto es el de asegurar que las diferencias sólo se producen en razón de asignación de diversas categorías, estableciendo que los criterios empleados para la asignación de las mismas no sean discriminatorios y garanticen la igualdad de condiciones de los trabajadores de ambos sexos.