Así lo anunció hoy, en reda de prensa, la diputada popular Teófila Martínez, quien señaló que sólo la efectiva y urgente destrucción de la droga puede disipar la desconfianza de los ciudadanos respecto a lo que se hace con ella una vez que ha sido intervenida.

Por su parte, el también parlamentario del PP Alfonso Moreno defendió la propuesta de su grupo al poner de relieve la alarma social que suscitan noticias relativas a los pagos con droga a confidentes, "ya que la gente", añadió, "se pregunta de dónde salen las sustancia para hacer efectivos dichos pagos".

El artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al juez ordenar la destrucción de la droga incautada, teniendo en cuenta el "peligro real o potencial que comporte su almacenamiento ocustodia".

Sin embargo, el PP quiere ir más allá y pretende que se añada a este párrafo el siguiente texto: "Cuando se trate de sustancias tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el juez instructor ordenará, en todo caso e inmediatamente cumplimentado lo dspuesto en el párrafo siguiente, su efectiva destrucción".

En cuanto a la propuesta de que las asociaciones y coordinadoras contra la droga ejerzan la acción popular, los populares la estiman conveniente para lograr una mayor comunicación entre la sociedad civil y los jueces.

Según Alfonso Moreno, es chocante que estos colectivos trabajen en la reinserción y tratamiento de los tóxicómanos y luego no puedan personarse en los juicios para ejercer la acción popular contra los narcotraficantes.

l PP, que próximamente presentará un Código de Conducta Social contra la Droga, espera obtener el apoyo de los distintos grupos parlamentarios para que sus iniciativas prosperen.