Durante la XIII reunión de la Unión Intermunicipal del PP, García-Escudero señaló que el Gobierno tiene la obligación de abandonar de una vez por todas su política de brazos cruzados frente a los ayuntamientos. En su opinión, el recorte a la financiación municipal previsto en los Presupuestos es "el mayor ataque" que se ha hecho contra las entidades locales desde 1978.

El dirigente del PP apostó por una "auténtica refundación" de las entidades locales, con una revisión completa de sus competencias y una reforma total de su financiación. Para ello, reivindicó el espíritu de la transición y reclamó un gran consenso.

García-Escudero reclamó el establecimiento de mecanismos estables y eficaces para la financiación de las entidades locales, que, en su opinión, sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema democrático, treinta años después de su puesta en marcha.

"Lo que está en juego no es sólo la propia supervivencia financiera de nuestras entidades locales, sino la propia sostenibilidad de los servicios públicos esenciales que estas administraciones prestan a los ciudadanos", avisó.

El jefe de los senadores del PP lamentó que el intenso desarrollo del estado autonómico en las últimas décadas, tanto en su soporte jurídico como en el financiero, no haya tenido una correlación equivalente en la administración local.

Por ello, insistió en que "nuestros ayuntamientos y diputaciones provinciales necesitan que de una vez por todas se aborde la delimitación jurídica precisa de sus competencias".

"No es razonable el elevado porcentaje de competencias legalmente impropias que en la práctica están asumiendo los ayuntamientos, que, además, vienen ejerciéndose sin el correspondiente soporte financiero", añadió.

Según García-Escudero, el funcionamiento de la administración local se debe asentar sobre unos mecanismos financieros estables, que permitan una mínima capacidad de planificación inversora.

Para solucionar este grave problema, García-Escudero propuso que, tal como se ha hecho con la financiación de las Comunidades Autónomas, la financiación local se asiente sobre una mayor capacidad normativa de las Entidades Locales y una mayor corresponsabilidad fiscal.

Sobre las llamadas "competencias impropias", el portavoz popular recordó que la mayoría de ellas pertenecen al ámbito competencial autonómico, como es el caso de muchos servicios de la atención a la dependencia.

Asimismo, García-Escudero apostó por el refuerzo de la capacidad de interlocución de Municipios y Provincias con la Administración General del Estado, tanto a través de la FEMP, como directamente con representantes de las grandes ciudades y de los municipios medianos y pequeños.