En concreto proponen actualizar las subvenciones establecidas en la Ley de Integración Social de los Minusválidos, dirigidas a Centros Especiales de Empleo.

Sugieren también impulsar un plan de contratación pública de discapacitados en las administraciones públicas y que estos Centros Especiales de Empleo se puedan acoger a las líneas de crédito del ICO.

Los populares entienden que la crisis económica incide en mayor medida sobre colectivos desfavorecidos como los discapacitados, puesto que la destrucción de la actividad empresarial afecta a su inserción laboral.

Uno de los mecanismos de inclusión laboral, como paso previo al acceso al empleo ordinario, son los Centros Especiales de Empleo, donde el 70 por ciento de los trabajadores han de ser personas con discapacidad.

Según la Federación Empresarial Española de Centros Especiales de Empleo se han destruido un 10 por ciento de los puestos protegidos en el último semestre de 2008. La tasa de empleo entre discapacitados es del 28 por ciento, frente al 65,46 por ciento de media ordinaria.

Para evitar la caída de empleo en los cerca de 1.600 Centros Especiales que hay en España el PP propone nuevas ayudas que frenen la destrucción de puestos de trabajo para prsonas con discapacidad.