El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, avanzó esta decisión en el Congreso de los Diputados, donde avisó también de que se plantean pedir la abstención de los magistrados Juan Carlos Campo y María Luisa Segoviano. No obstante, el principal partido de la oposición ha optado por el momento empezar “de entrada” con estos tres miembros del Constitucional.

El PP se acoge a una información avanzada por el diario ‘El Mundo’ que apunta que hay sospechas de incompatibilidad en cinco magistrados del Constitucional. Y, como parte personada en el caso, ha decidido presentar este escrito.

En el caso de Conde-Pumpido, Bendodo pidió su abstención porque ya participó en el caso como fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero. Y recordó, además, que ya adoptó esta misma decisión cuando era magistrado del Tribunal Supremo.

“Fue consecuente y cumplió con la legalidad […]. Reconoció en aquel entonces estar afectado por una causa de incompatibilidad”, remarcó el ‘número cuatro’ del PP. “La falta de congruencia aquí es palmaria y evidentemente es cuestión de números, de los votos”, señaló en referencia a la confección del Constitucional.

MONTALBÁN Y BALAGUER

En el caso de Inmaculada Montalbán, el PP recordó que, cuando fue presidenta de la sección tercera de la Sala de Contención Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), fue ponente o participó en al menos 22 sentencias relacionadas con los ERE. “Por tanto, evidentemente tienen ahí un claro motivo por el que el Partido Popular va a pedir que no participe en la votación”.

Y, en lo que respecta a María Luisa Balaguer, Bendodo remarcó que, como consejera del Consejo Consultivo de Andalucía entre 2012 y 2014, fue ponente en 28 dictámenes que abarcaban toda “la casuística” de los ERE. “Revisiones de oficios, subvenciones ilegales, inclusión de prejubilados en pólizas, revisión de avales al conocido fondo de reptiles”, enumeró.

Para el PP, es “gravísimo” que estos magistrados puedan participar en las sentencias del Constitucional. Y pidió que se aparten para “garantizar la obligada apariencia de imparcialidad que tiene que tener” al Alto Tribunal y “para velar por el correcto funcionamiento de un órgano que es fundamental y que siempre lo ha sido en el engranaje del Estado de Derecho”.

CAMPO Y SEGOVIANO

“De entrada”, el PP pide la abstención de estos tres magistrados que “tuvieron vinculación directa firmando sentencias sobre los ERE y ahora están votando a favor de exculpar a condenados”. Pero contempla la posibilidad de ampliarla a Juan Carlos Campo y María Luisa Segoviano “en función de cómo evolucione todo”.

En el caso de Campo, Bendodo recordó que pasó de ser ministro de Justicia de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional. Y que ejerció como director general de Justicia con Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía en el periodo investigado por los ERE, y secretario general de Relaciones con el Parlamento de Andalucía en la Junta de Andalucía entre el año 2014 y 2015. “Campo emitió juicios públicos que le comprometen, como cuando expresó su perplejidad por el procesamiento de Chávez y Griñán en una entrevista en el 2016 cuando era el portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso”, añadió.

En el caso de Segoviano, indicó que, en su pasado como magistrada de la Sala de lo Social del TSJA, firmó dos sentencias relacionadas con el caso de los ERE, concretamente en los expedientes de regulación de empleo de Nexpron y SOS Cuétara.

“MAYOR CASO DE CORRUPCIÓN”

Pase lo que pase, Bendodo puso de relieve que, “por si alguien se le olvida, hasta 70 familiares y personas vinculadas con el Partido Socialista se beneficiaron de ayudas ilegales o de falsas prejubilaciones”. “Se fundieron 700 millones de euros de los parados de forma arbitraria. 20.000 euros al mes en cocaína del dinero de los parados se gastaban directivos de la Junta de Andalucía del PSOE”, señaló.

Así las cosas, insistió en que el TC “no puede convertirse es en un órgano de relectura o de segunda lectura o de revisión de las sentencias”, y reiteró que más de 20 juzgados, incluida la Audiencia Provincial de Sevilla y el propio Tribunal Supremo, “confirmaron y ratificaron las sentencias a los condenados por prevaricación y malversación”

“Quiera o no el PSOE, el caso de los ERE es el mayor caso de corrupción de la historia de España con más de 700 millones de euros de los parados andaluces dedicados a otras cuestiones”, concluyó Bendodo.