El proyecto pretende, según la AVT, cubrir una importante laguna del ordenamiento jurídico sobre la protección de los afectados por los dlitos violentos creando, para ello, un Fondo de Garantía Penal con cargo a los Presupuestos del Estado, que adelante las indemnizaciones y reparaciones a los damnificados cuando no pueden obtenerlas del delincuente.

De acuerdo con la iniciativa, la indemnización sería fijada por una comisión instituída por un plazo de 3 años en cada órgano jurisdiccional, que estaría compuesta por dos magistrados, un fiscal y un representante de las víctimas.

Esta comisión resolvería los expedientes indemnizatoris en un plazo máximo de 3 meses, tras lo cual sería el Estado el encargado de buscar su resarcimiento mediante el embargo del sueldo del responsable del delito, una vez que éste haya accedido al tercer grado penitenciarios, para lo que es preciso que tenga un trabajo remunerado.

El proyecto contempla también otros derechos de los afectados, como el de ser informados de cuantas resoluciones judiciales afecten a los mismos, como su puesta en libertad o los permisos que se les concedan, pudiendo formularalegaciones.

Finalmente, prevé que el Estado conceda becas al estudio y ayudas económicas a los hijos de las víctimas que hayan fallecido o quedado imposibilitadas para el ejercicio de su profesión.