La portavoz popular en cuestiones energéticas, María Teresa Estevan Bolea, manifestó hoy a Servimedia que su grupo considera necesaria esas comparecencias para intentar arrojar luz en "los muchos puntos oscuros que hay en el plan".

Esos puntos son, según el PP, "los precios, la seguridad en los suministros y el coste de las importaciones". A juicio de este grupo, el PEN aumentará la dependencia energtica exterior de España y hará los suministros muy vulnerables "porque el gasoducto por Argelia y Marruecos no está nada claro".

El PP estima que el PEN encarecerá un 15 por ciento el coste de la generación de electricidad, de los que 10 puntos obedecerán al mantenimiento de la moratoria nuclear y otros 5 a las inversiones necesarias para reducir la contaminación causada por el mayor uso del gas y del carbón nacional.

El Partido Popular considera que la moratoria nuclear implica el cierre seguro e las centrales de Valdecaballeros (Badajoz) y Lemóniz (Vizcaya), lo que exigirá una indemnización de 700.000 millones de pesetas, más otro tanto en intereses a las empresas eléctricas propietarias.

A juicio de Estevan Bolea, el aumento de las importaciones energéticas, procedentes de Francia en el caso de la electricidad y de Argelia en lo que se refiere al gas, no responde a criterios energéticos sino que es "una intercambio de favores" con los gobiernos de esos países.

Recalcó que la balanza eergética arrojará este año un déficit de 1,2 billones de pesetas, cifra que se incrementará sustanciamente con los contratos de importación de gas y electricidad, aumentando la dependencia del exterior.

Por estas razones, la opinión del Partido Popular es que el Ministerio de Industria, a pesar de realizar unas previsiones verosímiles de aumento del consumo energético, ha construido "un Plan Energético disparatado en cuanto a costes, importaciones y bases falsas".

El PP entiende que el aumento de coste de la electricidad provocado por el PEN tendrá una repercusión muy negativa en las industrias química, siderúrgica y textil, haciéndolas menos competitiva.

LA MORATORIA NUCLEAR

Por otra parte, fuentes empresariales del sector eléctrico explicaron hoy a Servimedia que la negociación a fondo sobre las indemnizaciones por la moratoria nuclear no comenzarán hasta después del debate parlamentario del nuevo PEN.

Las mismas fuentes señalaron que la indemnización se realizará a través de las tarfas en un plazo de 25 años, según las manifestaciones realizadas por altos cargos del Ministerio de Industria.

No obstante, persiste la duda de si ese plazo comenzará a contarse desde el inicio de la construcción de las centrales, de la declaración de moratoria o desde la aplicación del nuevo PEN.

Las empresas eléctricas son partidarias de que el plazo comience a contar desde el inicio de la moratoria, decretada en 1983. De la mayor o menor duración del plazo dependerá que el recargo añadido en l tarifa eléctrica que pagan los consumidores sea mayor o menor.