Así lo manifestó a Servimedia el coordinador del grupo popular, Enrique Fernández-Miranda, quien apostó por que los plazos más cortos de cobro sean para los productos perecederos y en un segundo estrato se colocarían los productos alimenticios con marca.

Desde hace unos meses las industrias de alimentación están enfrentadas a las grandes superficies comerciales, ya que éstas basan parte de su negocio en el pago aplazado a los proveedores. Según las estimaciones de la patronal de fabricantes los "híper" podrían adeudar 1,5 billones de pesetas a estas empresas.

A juicio de Fernández-Miranda, la intervención de la Administración no debería ser "violenta ni rígida" porque no sería positivo ni para las grandes superficies, los proveedores y los consumidores, por lo que cree que son necesarias "medidas correctoras por inducción" antes que legislativas.

Una vez realizado las recomendaciones oportunas si éstas no fueran aceptadas, habría que optar por la vía legislativa, con principal atenión a los productos perecederos, por ser el sector más débil, según el grupo popular.

Fernández-Miranda aseguró que la presencia del presidente del Tribunal de la Competencia, Miguel Angel Fernández Ordóñez, en los próximos días en la ponencia será fundamental para que este grupo determine su postura final.